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Por: Anulfo Vargas Vásquez
En un panorama donde las necesidades internas de República Dominicana demandan atención urgente, el gobierno de Luis Abinader ha centrado recursos del Estado en garantizar la seguridad del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien se encuentra refugiado en el Hotel Embajador en Santo Domingo. Este despliegue ha generado una ola de críticas por lo que muchos consideran un gasto innecesario y poco justificado de los fondos públicos.
Una seguridad de lujo para un conflicto ajeno:
Desde que se presume la llegada de González Urrutia al país, las autoridades han reforzado la seguridad en los alrededores del exclusivo Hotel Embajador con personal policial motorizado. Esta medida, según fuentes no oficiales, ha implicado un gasto considerable en logística, despliegue de agentes y operativos de monitoreo, recursos que podrían haberse utilizado para atender prioridades nacionales, como la crisis hospitalaria, la inseguridad en los barrios marginados, o el deterioro de las infraestructuras públicas.
Este despliegue se da en un contexto donde República Dominicana enfrenta desafíos significativos en áreas claves como educación, salud y seguridad ciudadana. Muchos ciudadanos se preguntan: ¿por qué el gobierno de Abinader invierte recursos públicos para proteger a un actor político extranjero involucrado en un conflicto interno de Venezuela?
El costo político y económico de recibir a González Urrutia:
El gobierno no ha publicado hasta ahora el costo de las operaciones destinadas a garantizar la protección del opositor venezolano, lo que ha generado aún más sospechas y críticas. Es importante recordar que la población dominicana ha sido testigo de constantes aumentos en los precios de bienes básicos, así como de una percepción creciente de desigualdad en la distribución de los recursos estatales.
Mientras tanto, sectores de la oposición dominicana y analistas políticos han señalado que esta decisión de Abinader podría ser un intento de fortalecer su imagen ante la comunidad internacional, especialmente en relación con su postura hacia los gobiernos autoritarios como el de Nicolás Maduro. Sin embargo, este movimiento también podría generar un desgaste político interno, ya que los ciudadanos perciben una desconexión entre las prioridades del gobierno y las demandas reales de la población.
¿Es este el rol de República Dominicana en el escenario internacional?
La República Dominicana, como nación soberana, tiene el derecho de participar en la diplomacia internacional, pero las críticas se centran en el hecho de que esta participación no debería realizarse a costa de los intereses de los dominicanos. Proteger a un opositor extranjero involucrado en un conflicto político interno de su país plantea preguntas serias sobre el enfoque del gobierno en la gestión de los recursos públicos.
Mientras tanto, Nicolás Maduro, juramentado como presidente de Venezuela en medio de protestas y acusaciones de fraude electoral, ha utilizado este conflicto como plataforma para reforzar su narrativa de «intervencionismo extranjero», lo que sitúa a República Dominicana como un actor en un escenario que no le compete directamente.
El clamor del pueblo dominicano:
En las calles y redes sociales, el clamor es evidente: los dominicanos exigen transparencia sobre el gasto público y el enfoque de las políticas gubernamentales. En lugar de invertir en seguridad y protección para actores políticos extranjeros, muchos ciudadanos piden que esos fondos se destinen a resolver los problemas que afectan al país, desde la inseguridad hasta el desempleo y el alto costo de la vida.
Luis Abinader enfrenta ahora un dilema ético y político: justificar el gasto de recursos en un conflicto internacional que no es prioritario para el país, o atender el creciente descontento de una población que siente que su gobierno está fallando en priorizar sus necesidades. En cualquier caso, este episodio marca un punto crítico en su gestión, exponiendo la tensión entre la política exterior y la política doméstica en República Dominicana.
