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Por: Redacción
Santo Domingo.- La postura del senador Antonio Marte sobre no hacer públicas las fortunas de los funcionarios en la República Dominicana es un claro indicio de un desconocimiento alarmante de los principios democráticos y la necesidad de transparencia en la gestión pública. Su justificación, que menciona la inseguridad y la pobreza del país, no solo es errónea, sino que refleja una falta de comprensión sobre el papel de principio que juega la rendición de cuentas en una democracia moderna.
¿Realmente cree el senador que la transparencia es un lujo y no una necesidad? La falta de claridad sobre el patrimonio de los funcionarios públicos es un terreno fértil para la corrupción y la desconfianza. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo sus representantes manejan los recursos del Estado, ya que la opacidad solo alimenta la sospecha y el abuso de poder. Hacer públicas las fortunas de los funcionarios no es un capricho ni una invasión a la privacidad; es una obligación que busca asegurar que quienes toman decisiones en el ámbito público actúen con integridad y honestidad.
Además, el argumento de que la divulgación de patrimonios pone en riesgo la seguridad personal de los funcionarios es, en sí mismo, una simplificación peligrosa. ¿De verdad piensa el senador que los problemas de seguridad se solucionan con el secreto? Si bien la delincuencia es un problema serio en la República Dominicana, vincularla directamente con la transparencia es ignorar las causas subyacentes y complejas de la inseguridad. El verdadero desafío radica en la ineficacia del Estado para garantizar la seguridad de todos, no solo de los políticos.
El senador también hizo una declaración preocupante al afirmar que «un senador no vale una guayaba podrida». ¿Acaso no entiende el valor de su rol como representante de la ciudadanía? En lugar de lamentarse por su situación, debería ver su cargo como una oportunidad para mejorar las condiciones del país y contribuir al bienestar general. Esa actitud resignada demuestra una desconexión con la realidad que enfrentan los ciudadanos a diario.
Por otro lado, aunque resalta su larga carrera como empresario del transporte y su afirmación de que «nunca ha robado», esto no lo exime de cumplir con las normas de transparencia. ¿Acaso su éxito personal lo hace inmunidad ante la necesidad de rendir cuentas? La legitimidad de su riqueza no debe chocar con la obligación de declarar sus bienes, ya que el objetivo no es criminalizar el éxito, sino prevenir posibles abusos de poder.
La postura del senador Marte no solo se basa en premisas erróneas, sino que también muestra una preocupante resistencia a aceptar estándares de transparencia que son esenciales para fortalecer nuestra democracia. La verdadera protección para él y su familia no se encuentra en ocultar su fortuna, sino en trabajar hacia un sistema más justo, seguro y transparente, donde todos los ciudadanos, no solo los políticos, puedan sentirse protegidos y representados.
