La reciente inauguración de una Fiscalía Especial en el municipio de Sosúa, encabezada por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, representa una señal alentadora en medio de una realidad preocupante. Sus palabras, cargadas de verdad y aspiración –“Sosúa merece un mejor futuro”–, resuenan profundamente entre quienes han visto cómo esta comunidad costera ha sido, por años, rehén de delitos como la trata de personas, el proxenetismo, el microtráfico y la explotación sexual.
La puesta en marcha de esta unidad especializada, como parte de la segunda fase de la llamada Operación Atlántico, genera expectativas. Sin embargo, también impone una responsabilidad ineludible: que las promesas se traduzcan en hechos, y que el aparato judicial y policial actúe con la firmeza que el drama humano de Sosúa exige.
Por demasiado tiempo, esta zona ha sido catalogada injustamente como un destino marcado por el turismo sexual y la inseguridad. Esta realidad, alimentada por la indiferencia, la complicidad de sectores, y la ausencia sistemática del Estado, ha causado un profundo deterioro social que ahora se pretende revertir con voluntad política. Pero la voluntad sin ejecución es solo discurso.
La presencia de altos funcionarios en el acto –incluyendo la ministra de Interior y Policía, el presidente de la DNCD, el director de la Policía Nacional, entre otros– envía un mensaje importante de respaldo institucional. No obstante, el verdadero respaldo se medirá en la calle, en los tribunales, y sobre todo, en la vida de las niñas, mujeres y familias vulnerables que habitan en Sosúa.
Este pueblo no necesita más titulares ni promesas de ocasión. Necesita acciones coherentes, sostenidas y coordinadas. Necesita educación, inversión social, presencia permanente del Ministerio Público, justicia efectiva, y alternativas reales para su juventud.
Por eso, desde este espacio, celebramos la apertura de esta Fiscalía como un paso necesario. Pero advertimos, como lo piensa buena parte de la sociedad: ya no basta con inaugurar oficinas; es hora de clausurar la impunidad.
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