El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, clarificó la naturaleza y el alcance de la recién creada institución, enfatizando que su propósito no es intervenir en la labor jurisdiccional, sino reorganizar funciones administrativas que históricamente han afectado la operatividad del Ministerio Público y del Estado dominicano. Peralta explicó que la creación del Ministerio de Justicia se enmarca en una reforma institucional integral impulsada por el Presidente de la República, Luis Abinader, con el objetivo de asegurar un sistema de justicia “justa y oportuna”.
Durante su participación en el Desayuno del Listín Diario, moderado por el director del periódico, Miguel Franjul, y el subdirector, Fabio Cabral, el ministro hizo un llamado a la comprensión ciudadana y de los profesionales del derecho. Subrayó que el ministro de Justicia es un actor político-administrativo del gobierno central, cuya misión es fungir como puente técnico entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial, sin interferir en la autonomía de los fiscales ni en la imparcialidad de los jueces. “Yo no soy un funcionario de la justicia, yo soy un funcionario del gobierno central, y si ven en una actividad política no se sorprendan”, afirmó Peralta.
El funcionario detalló que, con la creación de este Ministerio, se están transfiriendo hacia su “lugar natural” todas aquellas tareas que, siendo propias del Poder Ejecutivo, se encontraban “incrustadas” dentro del Ministerio Público y no correspondían directamente a la persecución penal. “El Ministerio de Justicia no tiene relación directa con la función de juzgar personas; es una institución del gobierno central”, remarcó.
Entre las áreas estratégicas que ahora estarán bajo la dirección del Ministerio de Justicia se encuentran: la modernización del sistema penitenciario, que pasará a ser una dirección descentralizada con autonomía financiera; la abogacía de la Administración Pública, con el fin de defender al Estado en tribunales contencioso-administrativos, una función que antes recaía en fiscales penales ajenos a esa especialidad. En esta línea, toda demanda o notificación judicial a una entidad del Estado deberá ser comunicada al Ministerio de Justicia en un plazo de 24 horas para coordinar su representación.
Asimismo, el Ministerio asumirá la solución de conflictos, estableciendo direcciones para supervisar contratos con cláusulas arbitrales, buscando evitar que el Estado incurra en pérdidas significativas por falta de asesoría experta previa. Se exigirá que los funcionarios del Estado que suscriban contratos con cláusulas arbitrales las notifiquen a esta dirección para su evaluación por un grupo de expertos.
Una corrección importante respecto a versiones previas de un proyecto de ley fue señalada por Peralta: la coordinación del Sistema de Prevención del Crimen recaerá directamente sobre el Presidente de la República. “Se corrigió para atribuir la coordinación al Presidente porque involucra a varios ministerios de igual rango: Interior y Policía, Cultura, Deportes, la Mujer y el Ministerio de Justicia con un papel protagónico”, explicó. El propósito es consolidar una política unificada, evitando programas dispersos entre instituciones.
En cuanto a asuntos registrales, el Ministerio asumirá trámites administrativos como el registro de ONG y certificaciones de notarios, aliviando al Procurador General de tareas burocráticas para que pueda concentrarse en la investigación criminal. La responsabilidad internacional de la República Dominicana en materia de derechos humanos también se trasladará de la Cancillería al Ministerio de Justicia, dada su competencia natural en el área.
Peralta recordó que esta reforma se enlaza con la reciente modificación constitucional que confiere al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) la facultad de designar al Procurador General, excluyendo a este último de dicho consejo para garantizar su independencia. El Ministerio de Justicia también asumirá la revisión de los Exequátur de abogados, una carga administrativa que hoy recae en la Presidencia de la República, aunque Peralta apoya la idea de que estos procesos sean manejados por los ministerios correspondientes, como el de Educación Superior, para liberar al Presidente de la firma de decretos individuales.
Finalmente, el ministro anunció que el Ministerio de Justicia contará con un laboratorio de análisis legal para temas jurídicos de la nación y la consolidación del Instituto de Formación Penitenciaria (ITP). Este centro tendrá la responsabilidad de formar profesionalmente al personal de los recintos carcelarios del país, buscando que el sistema penitenciario sea un espacio de respeto a los derechos humanos y formación técnica, frenando el “debilitamiento de la autoridad”.
