Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos inició este sábado un cierre parcial indefinido, marcado por la ausencia de un acuerdo presupuestario en el Congreso. La paralización surge de una profunda división entre Republicanos y Demócratas, principalmente por las demandas de mayores controles para los agentes de inmigración tras la muerte de dos civiles en operaciones en Mineápolis el pasado enero.
Según la propia entidad, aproximadamente el 90% de sus 270,000 empleados son considerados personal esencial y continuarán con sus labores.
No obstante, si el cierre se prolonga, estos trabajadores federales dejarán de percibir sus salarios a partir del 18 de febrero, fecha prevista para el pago de las nóminas correspondientes a las dos primeras semanas del mes.
Esta situación se desencadenó tras el fracaso del Senado el pasado jueves en la aprobación de una propuesta Republicana destinada a financiar el DHS hasta septiembre. Los Demócratas la bloquearon unánimemente, argumentando la necesidad de establecer límites a las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La paralización de fondos es, por el momento, indefinida, ya que el Congreso no ha fijado una fecha para reanudar sus sesiones la próxima semana.
El impacto del cierre será notorio para el personal de agencias clave como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera y el Servicio Secreto, quienes también verán suspendidos sus pagos desde el 18 de febrero.
No obstante, el ICE se perfila como una de las agencias menos afectadas, ya que el plan fiscal del presidente Donald Trump, aprobado por el Senado, le asignó 75,000 millones de dólares adicionales para gastos de funcionamiento.
Por su parte, la CBP también recibió asignaciones extraordinarias que oscilan entre 60,000 y 70,000 millones de dólares.
La Guardia Costera y FEMA mantendrán sus misiones críticas de rescate y respuesta a desastres, aunque se verán reducidos sus entrenamientos, viajes oficiales y parte de sus operaciones rutinarias.
Previo al fracaso de las negociaciones en el Senado, la Administración Trump había anunciado el cese de grandes operativos contra inmigrantes en Mineápolis, un gesto interpretado como un intento de conciliar con los Demócratas. Sin embargo, el jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, declaró que esta medida no era suficiente y urgió a la definición de políticas que regulen la actuación de los agentes.
Los Demócratas exigen que los agentes de inmigración del DHS operen a cara descubierta, porten identificaciones visibles o utilicen cámaras corporales, a raíz de las dos muertes registradas en Mineápolis.
Este cierre marca el tercero de carácter parcial durante la administración del presidente Trump. El primero, que tuvo lugar entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre, afectó a todas las entidades federales durante 43 días, constituyéndose en el más prolongado de la historia del país.
El segundo, de una duración menor a cuatro días a principios de este mismo mes, concluyó con la aprobación de los presupuestos federales para el resto del ejercicio fiscal, a excepción de las partidas destinadas al Departamento de Seguridad Nacional.
