Washington D.C.-
La administración del entonces presidente Donald Trump gastó $40 millones de dólares en deportar a 300 inmigrantes a terceros países en el último año, según un informe divulgado por los demócratas que integran el comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
El documento, publicado el viernes por la noche, es resultado de una investigación de diez meses en la que los congresistas han revisado los acuerdos gubernamentales para este tipo de deportaciones. El informe señala que esta práctica, antes de uso “excepcional”, ha sido sistematizada por el Gobierno republicano.
La senadora Jeanne Shaheen, quien encargó y dirigió la investigación, declaró en la nota que la administración estaba poniendo el dinero de los contribuyentes “en manos de gobiernos extranjeros mientras cierra los ojos ante los costes humanos y el potencial socavamiento de nuestras relaciones diplomáticas”.
El coste de las deportaciones a terceros países hasta enero de 2026 “es desconocido pero probablemente superior a $40 millones de dólares”, ya que el Gobierno ha entregado más de $32 millones directamente a cinco países: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau, detalla el documento.
De los 300 inmigrantes deportados a países que no son los suyos, 250 eran venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025. Las 51 personas restantes, cuya nacionalidad no se especifica, fueron enviadas a los otros cuatro países, la mayoría a Guinea Ecuatorial y Eswatini.
El informe de 30 páginas critica que, en muchos casos, Estados Unidos pudo haber expulsado a estas personas directamente a sus países de origen. Asimismo, señala que más del 80% de esos deportados a terceros países “ya han vuelto a sus países de origen o están en proceso de hacerlo”. Adicionalmente, el informe subraya que “en algunos casos, EE.UU. pagó para enviar a migrantes a terceros países para después volver a pagar para enviarlos a su país natal”.
Los senadores demócratas advirtieron que el Gobierno busca activamente retirar el estatus legal a miles de inmigrantes en EE.UU. suspendiendo beneficios como el TPS (estatus de protección temporal) o el permiso humanitario, lo que podría “incrementar el riesgo de que se amplíen las deportaciones a terceros países”.
El informe concluye que estas operaciones son costosas e ineficientes, representan un despilfarro, financian “a gobiernos corruptos sin supervisión”, circunvalan el derecho migratorio de EE.UU. y se caracterizan por la falta de transparencia tanto en los acuerdos como en el cumplimiento de estos por parte de los terceros países.
