La Habana.- La presión ejercida por Washington sobre Cuba se ha extendido más allá de las sanciones petroleras, afectando los programas de colaboración médica. En el último año, aproximadamente diez países, principalmente del Caribe y Centroamérica, han optado por rescindir o disminuir sus contratos con la isla para la recepción de profesionales sanitarios. Esta decisión se produce ante la insistencia de Estados Unidos, que califica estas prácticas de «trabajo forzado».
Esta estrategia estadounidense conlleva severas repercusiones económicas para Cuba, dado que la exportación de servicios profesionales ha constituido históricamente una de las tres principales fuentes de ingresos en divisas para la nación caribeña, junto con el turismo y las remesas, rubros que también han sido impactados por la política de Washington.
Las brigadas médicas cubanas, un programa que se inició hace más de seis décadas y ha desplegado a cerca de 600.000 profesionales en 165 países, según cifras oficiales, representan un mecanismo de cooperación controvertido. Este sistema ofrece ventajas a las partes involucradas, pero sus métodos han sido objeto de fuertes cuestionamientos.
Por un lado, los países receptores obtienen acceso a personal sanitario cualificado, lo que les permite fortalecer sus sistemas de salud de manera expedita y eficiente. Asimismo, los médicos cubanos en misión reciben un salario en dólares superior al que perciben en su país de origen, y el Gobierno cubano genera divisas que, según afirma, son destinadas a su propio sistema sanitario.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como Prisoners Defenders denuncian que La Habana retiene un promedio del 85 % del pago realizado por los países anfitriones, confisca los pasaportes de los profesionales durante su estancia en el exterior y aplica penalizaciones a quienes abandonan la misión antes del período estipulado.
En este contexto, el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha tildado este sistema de «esquemas de trabajo forzado» y «prácticas laborales abusivas y coercitivas», acusaciones que el Gobierno cubano rechaza rotundamente.
Consecuentemente, Rubio, conocido por su postura de línea dura hacia el Gobierno cubano, anunció la revocación de visas para funcionarios cubanos y extranjeros implicados en la contratación de personal de la isla.
El informe de 2024 sobre la trata de personas del Departamento de Estado de EE.UU. estima que los ingresos de Cuba por la exportación de servicios profesionales oscilan entre los 6.000 y 8.000 millones de dólares (equivalentes a 5.150 y 6.975 millones de euros).
De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, las exportaciones de servicios profesionales contribuyeron con más del 40 % del total de las ventas externas de la isla entre 2018 y 2020.
Las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra las brigadas médicas cubanas han generado preocupación y rechazo en Latinoamérica y, particularmente, en la región del Caribe.
Países como Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago defendieron inicialmente estos programas, considerándolos vitales para sus sistemas de salud. No obstante, posteriormente se vieron obligados a reajustar sus vínculos con La Habana y modificar los términos de contratación.
Una fuente de la Organización de Estados Caribeños Orientales (OECS) informó a EFE que algunas de las islas miembro han optado por suspender el programa, mientras que otras han elevado sus quejas ante Estados Unidos.
En junio pasado, Bahamas anunció la suspensión de la contratación de personal médico cubano y la cancelación de sus convenios con La Habana, con la intención de iniciar la contratación directa de profesionales sanitarios, una medida que aún no se ha concretado.
Por su parte, Granada comunicó en septiembre que equipararía las condiciones laborales de los médicos cubanos a las de sus nacionales, y Antigua y Barbuda reveló en enero la contratación de 120 enfermeros de Ghana, aunque sin formalizar la terminación de su acuerdo con Cuba.
Según medios locales, Guyana puso fin discretamente al sistema en febrero de este año.
Trinidad y Tobago ha declarado que su prioridad actual es la contratación de profesionales locales. Desde 2003, un total de 770 médicos cubanos han prestado servicios en el país.
Venezuela, un socio clave en este sistema, enfrenta ahora incertidumbre en cuanto a la continuidad de su cooperación, en un contexto de fuerte presión de Washington sobre Caracas.
Según cifras oficiales, en junio de 2025 cerca de 13.000 profesionales cubanos, en su mayoría médicos, se encontraban en la nación suramericana. Caracas remuneraba estos servicios con petróleo, un mecanismo que actualmente está restringido.
Hasta el momento, ninguno de los dos países ha declarado la cancelación del convenio de 2000 que rige su sistema de cooperación, por lo que su futuro permanece incierto.
Guatemala, una de las misiones más estables y antiguas, anunció en febrero que el acuerdo se cerraría de manera «progresiva» este año. Actualmente, 412 profesionales cubanos ejercen en el país centroamericano.
Honduras, con un contingente de 120 médicos cubanos, mantiene la colaboración por el momento. Sin embargo, enfrenta presión interna y denuncias de ONG locales. El acuerdo actual expira este año, lo que pone en entredicho su renovación.
En Nicaragua también opera personal médico de la isla, aunque la cantidad exacta es desconocida. Managua, que recientemente impuso la obligatoriedad de visa a los ciudadanos cubanos para ingresar a su territorio, no ha comunicado cambios en su acuerdo sanitario con Cuba.
