España.-
Los médicos de España iniciaron este lunes una jornada de huelga nacional, la primera de una serie programada una semana al mes hasta junio, en protesta contra la nueva normativa del sector y para demandar un estatuto propio para la profesión.
Esta convocatoria marca el inicio de una nueva oleada de movilizaciones impulsadas por sindicatos minoritarios a nivel nacional, que se suma a más de media docena de protestas secundadas en 2025 tras el estancamiento de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad español.
Durante el primer día de esta semana de huelga, se registraron numerosas concentraciones frente a hospitales y centros de salud en todo el país. Los facultativos manifestaron su rechazo a la propuesta de reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS), acuerdo que fue pactado el pasado 26 de enero entre el Gobierno y los principales sindicatos.
Los convocantes exigen un estatuto profesional específico que contemple las particularidades de la labor médica, diferenciado del resto del personal sanitario. Entre sus reivindicaciones principales se incluye una jornada máxima de 35 horas semanales, preferentemente en horario de mañana y días laborables, considerando cualquier hora adicional como exceso de jornada que debería ser voluntaria y debidamente retribuida.
Además, solicitan que las guardias, que comúnmente se extienden por 24 horas consecutivas, sean de carácter voluntario. También piden la posibilidad de una jubilación anticipada, ya sea total o parcial, y la prohibición de la movilidad forzosa del personal, entre otras peticiones.
Según los datos preliminares recopilados por la Agencia EFE, y a la espera de información más completa por parte de los sindicatos y las consejerías autonómicas, el seguimiento de esta primera jornada ha sido desigual. Se han reportado cifras que van desde un escaso 10% en algunas comunidades, según datos de los gobiernos regionales, hasta un 85% de adhesión en determinados hospitales.
Por su parte, los sindicatos convocantes denunciaron la imposición de servicios mínimos que consideran excesivos, argumentando que estos afectan negativamente su derecho fundamental a la huelga.
