GUATEMALA.- El Gobierno de Estados Unidos ha expresado este miércoles su enérgica crítica a la comisión encargada de postular a 20 candidatos para conformar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala para el período 2026-2032.
La comisión, compuesta mayoritariamente por autoridades de universidades privadas y estatales, finalizó el listado el pasado martes. Se espera que el Congreso designe en marzo a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes de dicha nómina.
John Barrett, encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala y máxima autoridad diplomática interina, afirmó que las “autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE”.
Barrett añadió que los líderes universitarios priorizaron “sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones”.
Entre los nombres incluidos en la nómina entregada el martes, se encuentra el abogado Lesther Castellanos, quien fue sancionado en 2023 por Estados Unidos como actor corrupto y antidemocrático, resultando en la revocación de su visa y la prohibición de ingreso a territorio estadounidense.
Además, reportes de medios locales y análisis de expertos señalan que al menos otros cinco abogados en el listado presentan acusaciones de corrupción previas.
La comisión de postulación está presidida por Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (la única estatal), quien también ha sido sancionado por Estados Unidos por corrupción. Mazariegos asumió su cargo en 2022 en medio de señalamientos de una elección irregular.
Otro integrante de la comisión es Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana (privada), en representación de los rectores del país. Su pasado como pastor religioso ha sido señalado como un posible impedimento para su participación en dicha comisión.
En años anteriores, Herrera aseguró que hubo fraude electoral en los comicios de 2023, una acusación que no ha sido probada y que ha sido promovida principalmente por la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, quien también ha sido sancionada por Estados Unidos por corrupción y por socavar la democracia.
El proceso de selección de los nuevos magistrados es observado de cerca por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la sociedad civil, con el fin de prevenir situaciones como las ocurridas hace tres años, cuando los magistrados en funciones, según diversas fuentes (incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), excluyeron unilateralmente a candidatos presidenciales sin justificación válida, como en el caso de Roberto Arzú García Granados.
Los futuros miembros del Tribunal Supremo Electoral serán responsables de organizar las elecciones de 2027, que determinarán a las autoridades (presidente, Congreso y alcaldías) del país centroamericano para el período 2028-2032.
