MIAMI.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una demanda civil con el objetivo de revocar la ciudadanía estadounidense de Philippe Bien-Aime, exalcalde de North Miami y de origen haitiano, bajo la acusación de haberla obtenido de manera fraudulenta.
La Fiscalía detalló en un comunicado que el exmandatario habría utilizado dos identidades para conseguir beneficios migratorios tras ingresar ilegalmente al país, y posteriormente ejerció como alcalde electo de North Miami, en el sur de Florida.
La demanda alega que Bien-Aime, conocido también como Jean Philippe Janvier, construyó su ciudadanía sobre la base del fraude, utilizando identidades falsas, declaraciones fraudulentas y un matrimonio simulado para evadir una orden de deportación legal.
Antes de convertirse en ciudadano estadounidense, el acusado habría utilizado un pasaporte fraudulento, con la fotografía sustituida, para ingresar a Estados Unidos bajo el nombre de Jean Philippe Janvier.
En 2001, Bien-Aime fue sometido a un proceso de deportación y se ordenó su expulsión bajo la identidad de Janvier. Apeló la orden de deportación, pero posteriormente retiró la apelación, declarando haber regresado a vivir a Haití.
No obstante, según la demanda, Bien-Aime permaneció en Estados Unidos y, utilizando un nuevo nombre y fecha de nacimiento, contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense para obtener la residencia permanente.
Según la Fiscalía, el hecho de que posteriormente se desempeñara como alcalde electo agrava el presunto engaño, ya que el cargo público conlleva un deber de franqueza y transparencia.
La demanda busca que el tribunal «revoque un estatus que nunca fue obtenido legalmente».
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, afirmó que la ciudadanía de Estados Unidos «es un privilegio basado en la honestidad y la lealtad a este país».
Este caso se enmarca en los esfuerzos de la Administración de Donald Trump para deportar a inmigrantes de Haití, ya que el Gobierno había ordenado eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de 350.000 haitianos para evitar su deportación. No obstante, una jueza estadounidense frenó temporalmente esta medida el 3 de febrero.
