LA HABANA, CUBA.- El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba informó este viernes que «restableció el orden con racionalidad y determinación» en la cárcel de alta seguridad de Canaleta, ubicada en el centro del país, donde el jueves se registró un motín.
Mediante un comunicado, el Minint indicó que los hechos se originaron cuando dos presos, «junto con otros reclusos», incurrieron en «una violación grave del reglamento penitenciario». No obstante, la institución no proporcionó detalles específicos sobre lo acontecido ni confirmó si se produjeron reos heridos o fallecidos, un extremo que había sido alertado por diversas ONGs.
Esta es la primera declaración oficial del Gobierno cubano en relación con el incidente en Canaleta, que fue ampliamente difundido y denunciado la jornada anterior por organizaciones no gubernamentales y activistas.
El Ministerio del Interior advirtió que «sucesos como estos» serán tratados con «el rigor de la legalidad socialista en beneficio de la seguridad colectiva».
Por otra parte, un testimonio de un recluso del penal, facilitado a la agencia EFE el jueves, señaló la llegada de refuerzos policiales a la prisión, quienes habrían utilizado «balas de goma», «gas pimienta» y violencia física para contener la revuelta. Según esta fuente, los motivos del motín estarían relacionados con «hambre», «malos tratos» dentro de la prisión y un descontento generalizado con el Gobierno cubano.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), una ONG con sede en Ciudad de México, ha denunciado en reiteradas ocasiones la precaria situación en este centro penitenciario. De acuerdo con los registros de la organización, desde 2023 se han documentado al menos 40 eventos que implican «violaciones de derechos humanos» en la cárcel de Canaleta, incluyendo golpizas, uso de celdas de castigo, traslados violentos, escasez de agua potable y enfermedades crónicas sin tratamiento adecuado.
El mismo colectivo ha registrado un mínimo de 60 muertes en las prisiones de la isla entre marzo de 2024 y marzo de 2025. De estas, 47 se vincularon con la salud física y mental de las víctimas y la falta de atención médica oportuna, mientras que otros siete estuvieron ligadas a violencia física directa.
Adicionalmente, la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, ha contabilizado hasta la fecha 1.207 presos políticos en Cuba.
