Brasilia.-
La Corte Suprema de Brasil inició este martes el juicio contra los cinco acusados de planificar el asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, y su chófer, Anderson Gomes, un crimen político que conmocionó al mundo en 2018.
Entre los presuntos autores intelectuales que comparecerán ante el tribunal se encuentran Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, y su hermano, João ‘Chiquinho’ Brazão, exdiputado federal.
Los acompañan en el banquillo Rivaldo Barbosa, excomisario de la Policía Civil de Río; Ronald Paulo Alves, expolicía militar; y Robson Calixto Fonseca, conocido como ‘Peixe’, antiguo asesor del Tribunal de Cuentas fluminense.
La Fiscalía ha denunciado a los cinco por idear el doble homicidio, que, según las investigaciones, estuvo motivado por el activismo político de la edil en su lucha contra los grupos paramilitares que dominan algunas favelas de la ‘Cidade Maravilhosa’.
Marielle Franco, mujer, negra, lesbiana, nacida en una favela y militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue acribillada a tiros la noche del 14 de marzo de 2018 mientras se trasladaba en un vehículo tras participar en un acto en el centro de Río. Su conductor, Anderson Gomes, también fue asesinado. Fernanda Chaves, asesora de Franco y única superviviente del atentado, viajaba con ellos.
En octubre de 2024, un jurado de Río condenó a los autores materiales, los expolicías Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, a casi 79 y 60 años de cárcel, respectivamente. Ambos estaban detenidos desde marzo de 2019.
Sin embargo, las investigaciones para identificar a los ‘cerebros’ del doble homicidio se prolongaron durante años hasta que en 2023 la Policía Federal asumió el caso, a instancias del Ministerio de Justicia. Esta decisión coincidió con el regreso a la Presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, quien integró en su gabinete a la hermana de Franco, Anielle, como ministra de Igualdad Racial, y se comprometió con el total esclarecimiento del suceso.
A partir de entonces, las diligencias ganaron un nuevo impulso con la confesión de Ronnie Lessa, culminando en la detención de los hermanos Brazão en marzo de 2024.
En la época, ‘Chiquinho’ Brazão aún ocupaba el cargo de diputado, que perdió un año después cuando la mesa directiva de la Cámara Baja le despojó de su escaño por «no comparecer» en las sesiones del órgano.
Según la denuncia de la Fiscalía, João ‘Chiquinho’ Brazão y Domingos Brazão formaban parte de una «organización criminal» dedicada a negocios inmobiliarios irregulares en zonas dominadas por milicias, grupos paramilitares conformados por agentes y exagentes corruptos.
El Ministerio Público señala que ambos ordenaron el asesinato para poner fin a la actividad política de Franco, quien habría obstaculizado la aprobación de leyes para la regularización del uso y la ocupación de esas áreas controladas por las milicias.
A su plan se sumó Rivaldo Barbosa, quien se valió de su posición de mando en la Policía Civil de Río para obstruir las investigaciones y garantizar la impunidad de los autores intelectuales.
Por su parte, el agente Ronald Paulo Alves, conocido como ‘Mayor Ronald’, habría vigilado las actividades de Franco y suministrado a los ejecutores la información necesaria para consumar el crimen, de acuerdo con la querella.
El proceso llegó a manos del Supremo, la máxima instancia judicial del país, debido a la implicación de ‘Chiquinho’ Brazão, quien contaba con fuero privilegiado por su condición de congresista en el momento de los hechos.
El juicio, que será transmitido en directo por YouTube, se celebra en la Primera Sala del Supremo, con sesiones programadas para el martes y el miércoles para analizar la acusación y proclamar su dictamen. El juez instructor, Alexandre de Moraes, leerá un resumen del caso, seguido por las exposiciones orales de la Fiscalía y los abogados de las defensas. Posteriormente, los cuatro magistrados que conforman la sala —Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia Antunes y Flávio Dino— presentarán sus votos.
El tribunal tomará la decisión de absolver o condenar por mayoría de votos. En caso de condena, el mismo colegiado decidirá la pena para cada acusado. El fallo, sin embargo, no será firme, ya que aún cabría recurso en la misma instancia.
