GUAYAQUIL, ECUADOR.-
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur ha calificado este jueves la sentencia emitida en Ecuador contra dieciséis militares por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes, quienes posteriormente fueron asesinados, como un «paso significativo contra la impunidad».
«La Justicia ha sido clara en condenar el uso ilegítimo, excesivo y arbitrario de la fuerza pública en un caso de violencia institucional extrema contra un niño y tres adolescentes en Ecuador», expresó el representante regional Jan Jarab en un comunicado. Añadió que «en un contexto en que existen otras denuncias de desapariciones en el país, el fallo representa un paso significativo contra la impunidad».
El caso se remonta al 8 de diciembre del 2024, cuando un tribunal ecuatoriano declaró culpables el 22 de diciembre a dieciséis de diecisiete militares procesados por la desaparición forzada de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11. Los militares los detuvieron de manera irregular la noche de los hechos en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil.
En lugar de trasladar a los menores a la Policía, bajo supuestas acusaciones de robo que fueron descartadas en el juicio, los soldados los llevaron a Taura, una localidad situada a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea. Allí, los golpearon y torturaron, los obligaron a desnudarse y los abandonaron.
Los restos calcinados de los menores fueron encontrados días después en una zona de manglar cercana, y la autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.
En la sentencia, once de los militares fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión; otros cinco a treinta meses, por haber colaborado con la investigación; y un teniente coronel, procesado como cómplice, fue absuelto de los cargos.
Los jueces emitieron la sentencia por escrito el martes pasado. Al día siguiente, los abogados del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH), defensores de las familias de las víctimas, instaron al Gobierno a implementar las medidas de reparación integral ordenadas por el tribunal, pese a que tres militares ya han apelado la decisión judicial.
El representante regional del Alto Comisionado de la ONU reiteró este jueves que la sentencia «reafirma la prohibición absoluta de la desaparición forzada y la tortura, como también la obligación de debida diligencia y la responsabilidad penal individual de los agentes estatales, en línea con las normas internacionales de derechos humanos». Asimismo, ratificó la importancia de «asegurar la implementación integral de la sentencia» y ofreció la cooperación de su oficina al Estado ecuatoriano para fortalecer sus políticas de promoción y protección de los derechos humanos.
