Santo Domingo.- El Ministerio Público de la República Dominicana reafirmó su firme compromiso con la cooperación judicial internacional y la lucha contra el crimen organizado transnacional. La declaración se produjo durante su participación en la Reunión de Altos Funcionarios UE–América Latina en materia de justicia, llevada a cabo en Bruselas.
El procurador adjunto Pedro Frías Morillo representó a la institución dominicana en el encuentro, celebrado los días 18 y 19 de febrero. Este evento se inscribe en la asociación estratégica entre América Latina y la Unión Europea en materia de Seguridad y Estado de Derecho, consolidada tras las cumbres UE-CELAC de 2023 y 2025, y en consonancia con la Declaración de Santa Marta de 2025, que enfatiza el desmantelamiento de las estructuras económicas de las organizaciones criminales.
Durante su intervención, Frías Morillo subrayó que estos foros internacionales ofrecen una valiosa oportunidad para el aprendizaje y la evolución continua, buscando una persecución penal más eficaz. “Nos convoca una realidad clara: el crimen organizado transnacional evoluciona a pasos gigantescos. Hoy las organizaciones criminales son diversificadas, flexibles y tecnológicamente sofisticadas”, aseveró el procurador.
El funcionario detalló que estas estructuras delictivas han trascendido el narcotráfico, expandiendo sus operaciones a ámbitos como el contrabando, el ciberdelito, el lavado de activos y la minería ilegal. Esta diversificación exige la implementación de respuestas estratégicas, convergentes y operativamente eficaces.
Asimismo, Frías Morillo resaltó la estratégica posición geográfica de la República Dominicana en el Caribe, que la convierte en un punto de conexión vital entre América y Europa. Si bien esta ubicación favorece el comercio, también conlleva riesgos inherentes al tráfico de drogas y las operaciones financieras ilícitas.
En este contexto, el país ha asumido el compromiso de consolidarse como un centro regional de cooperación judicial y persecución transnacional.
Respecto a la recuperación y decomiso de activos, el procurador adjunto enfatizó la crucial importancia de atacar las estructuras económicas del crimen con la misma vehemencia con la que se persigue a sus líderes.
Frías Morillo informó que la República Dominicana ha fortalecido sus mecanismos de incautación, implementando investigaciones financieras paralelas desde las fases iniciales del proceso penal y mediante la reciente aprobación de la Ley de Extinción de Dominio.
Adicionalmente, se destacó la creación de órganos especializados para la gestión de bienes recuperados y el establecimiento del Ministerio de Justicia. Esta iniciativa reconoce que la eficacia institucional se fundamenta en la especialización de fiscales, jueces e investigadores.
En relación con los desafíos de las pruebas electrónicas, el funcionario señaló la volatilidad de los datos y la velocidad del entorno digital como aspectos prioritarios a abordar.
En este contexto, explicó que la República Dominicana está en la fase final de ratificación del segundo protocolo adicional del Convenio de Budapest, un instrumento fundamental para reforzar la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia.
También abordó la importancia de armonizar los estándares de autenticidad de las pruebas digitales y de fomentar la creación de unidades multidisciplinarias, especialmente ante el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. Asimismo, se resaltó la necesidad de consolidar la protección de datos como un pilar de confianza, basado en normas claras y la garantía de derechos fundamentales.
Frías Morillo destacó que, a nivel nacional, la coordinación interinstitucional se ha robustecido mediante la creación de fuerzas de tarea y la celebración de encuentros periódicos de alto nivel.
El procurador adjunto valoró positivamente la participación de la República Dominicana en el Programa EL PAcCTO 2.0, considerándola esencial para la edificación de confianza operativa entre ambas regiones.
En su disertación, Frías Morillo sostuvo que la cooperación entre la Unión Europea y América Latina debe cimentarse en cinco pilares fundamentales: la convergencia regulatoria, el reconocimiento mutuo, la interoperabilidad, la formación especializada y la reducción de los tiempos de respuesta.
“La delincuencia organizada opera sin fronteras, y nuestra cooperación tampoco debe tenerlas. Si logramos armonizar estándares y fortalecer la confianza, estaremos enviando un mensaje claro de que este es un espacio de legalidad, justicia y respeto al Estado de derecho”, concluyó Pedro Frías Morillo.
