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WASHINGTON, DC — El representante Adriano Espaillat (D-NY), el senador Ron Wyden (D-Ore.) y otros 68 legisladores demócratas solicitaron una nueva investigación sobre agencias del Department of Homeland Security (DHS), incluido el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), por la presunta compra sin orden judicial de datos de ubicación de ciudadanos estadounidenses.
En una carta dirigida al inspector general del DHS, Joseph Cuffari, los miembros del Congreso pidieron que se examine la reanudación de estas adquisiciones de datos comerciales. Según recordaron, la oficina del inspector general determinó previamente que la compra de datos por parte de ICE era ilegal, lo que llevó al cierre del programa en 2023 tras una investigación solicitada por Wyden junto a otros senadores.
“Los datos de ubicación son extremadamente sensibles y pueden revelar la religión, las opiniones políticas, las afecciones médicas, las adicciones y las personas con las que pasa tiempo. Por ello, normalmente, el gobierno debe obtener una orden judicial para exigir dichos datos a las compañías telefónicas o tecnológicas”, escribieron los legisladores en la misiva.
Los firmantes expresaron además su preocupación por la incapacidad del DHS para adoptar una política clara sobre el uso de datos comerciales. Señalaron que ICE otorgó en 2025 un contrato sin licitación a la empresa de vigilancia Penlink, que incluye licencias para su herramienta de rastreo Webloc. Este producto fue desarrollado por Cobwebs Technologies, compañía que se fusionó con Penlink en 2023.
Cobwebs fue prohibida en 2021 por Meta como parte de una ofensiva contra empresas de vigilancia privada, luego de que se detectara que clientes de la firma presuntamente atacaban a activistas, políticos de oposición y funcionarios gubernamentales en Hong Kong y México, según informes públicos.
Los legisladores también denunciaron que ICE canceló sin explicación una sesión informativa programada para febrero de 2026 con la oficina del senador Wyden, tras haberse solicitado detalles sobre el contrato.
En la carta, el grupo pidió al inspector general que investigue si ICE y otros componentes del DHS están comprando datos de localización obtenidos ilegalmente; cómo se han utilizado dichos datos, incluyendo si fueron empleados contra ciudadanos estadounidenses por participar en actividades protegidas por la Constitución; si existen auditorías internas para prevenir abusos; y por qué el DHS aún no ha implementado una política formal sobre el uso de datos comerciales de localización, tal como se recomendó en 2023.
La carta fue firmada por 15 senadores y decenas de representantes demócratas, quienes reiteraron su preocupación por la protección de la privacidad de los estadounidenses y el uso de fondos públicos en contratos con intermediarios de datos.
