Nueva York.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha encabezado una coalición de 21 fiscales generales estatales y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania en una demanda para impugnar la reciente imposición de aranceles por parte del expresidente Donald Trump. La acción legal busca detener estas medidas que, según los demandantes, constituyen nuevos impuestos ilegales que afectan a estados, empresas y consumidores.
La demanda argumenta que la medida presidencial, que invoca la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, carece de autoridad legal y viola el principio constitucional de separación de poderes. Los demandantes buscan que la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos declare ilegales estos gravámenes, impida su implementación y ordene al gobierno federal la devolución de los costos asumidos por los estados.
Esta nueva disputa legal surge poco después de que la Corte Suprema fallara a favor de la fiscal James y otros fiscales generales en un caso anterior que cuestionaba aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Tras esa decisión, el expresidente Trump emitió una nueva proclamación con aranceles a diversos países y productos, lo que llevó a esta actual demanda.
“Una vez más, el presidente Trump está ignorando la ley y la Constitución para, en la práctica, aumentar los impuestos a consumidores y pequeñas empresas”, declaró la fiscal James.
Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que las políticas arancelarias han impactado negativamente a empresas, agricultores y consumidores del estado. “Es momento de que el gobierno federal devuelva los 13,5 mil millones de dólares que se han quitado a los trabajadores neoyorquinos y ponga fin al caos económico que estos impuestos ilegales han generado”, señaló Hochul.
La demanda subraya que la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 nunca antes había sido utilizada por un presidente para imponer aranceles de esta magnitud. La legislación fue diseñada para situaciones de crisis monetarias específicas, como un déficit significativo en la balanza de pagos bajo sistemas de tipo de cambio fijo, un contexto que Estados Unidos abandonó hace más de medio siglo.
Además, los demandantes sostienen que los gravámenes no cumplen con otros requisitos legales de la Sección 122, que exige que las medidas se apliquen de forma consistente y no discriminatoria. Sin embargo, los nuevos aranceles presentan numerosas excepciones, incluyendo productos de Canadá, México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, además de una lista de productos exentos que abarca 84 páginas.
Los fiscales también argumentan que los cambios abruptos en la política arancelaria han generado costos significativos para los estados, que deben asignar recursos para evaluar el impacto en precios, contratos con proveedores y la administración pública.
A la demanda se han unido los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Oregón, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, junto con los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
Portavoces de la Casa Blanca y líderes republicanos han defendido estos aranceles, afirmando que ayudan a equilibrar el comercio y proteger empleos en sectores como manufactura, acero y agricultura frente a la competencia extranjera. Los datos oficiales indican que Estados Unidos recaudó 287 mil millones de dólares en aranceles, impuestos y tasas aduaneras en 2025, lo que representa un aumento del 192% respecto al año anterior. La administración Trump sostiene que los gobiernos y exportadores extranjeros absorben la mayor parte de estos costos, si bien algunos estudios sugieren que son asumidos en gran medida por los consumidores y empresas estadounidenses.
