Nueva York.- Una propuesta de norma del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos, que busca restringir la ocupación de viviendas públicas o subsidiadas exclusivamente a ciudadanos estadounidenses, podría tener consecuencias significativas para la ciudad de Nueva York. Se estima que, si la medida entra en vigor, al menos 3,000 hogares en la metrópolis se verían directamente afectados, una cifra que, según expertos, podría ser una estimación conservadora basada en tendencias de la última década.
La iniciativa, revitalizada la semana pasada, impactaría principalmente a las conocidas ‘familias de estatus mixto’: aquellas donde coexisten menores ciudadanos nacidos en el país con padres sin estatus legal o con residencia temporal. Un informe municipal de 2019, elaborado por diversas agencias de la Ciudad de Nueva York, ya había advertido que esta medida generaría un impacto considerable en el sistema de albergues y en la salud pública de la Gran Manzana.
A diferencia de un intento previo en 2019, la actual propuesta establece requisitos de verificación de ciudadanía para todos los ocupantes de viviendas asistidas por el HUD, lo que podría afectar a más de 4.3 millones de hogares a nivel nacional que cuentan con al menos un ciudadano estadounidense, según coaliciones defensoras.
Proyecciones históricas del HUD, aunque no actualizadas, sugieren que aproximadamente 13,000 personas, entre ciudadanos y no ciudadanos, podrían perder el acceso a beneficios de vivienda pública.
Gran parte de estas familias residen en complejos de la Autoridad de Vivienda Pública de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) o utilizan vales federales del programa Sección 8.
La propuesta ha generado fuertes críticas entre los residentes. “Eso sería una maldad muy grande que finalmente afectaría a niños nacidos aquí. Es decir, esa política es algo así: si tus padres no tienen papeles, entonces vete a un país que no es el tuyo o quédate en la calle”, expresó Bertha, una residente del complejo Amsterdam House en Manhattan.
Bertha añadió que, aunque la proporción de familias mixtas que conoce en su complejo es reducida, considera injusto que se niegue este beneficio a “hispanos muy honestos y trabajadores”.
Dada la envergadura del parque de viviendas públicas de la ciudad de Nueva York, el más grande a nivel nacional, incluso un porcentaje mínimo de familias de estatus mixto se traduce en miles de personas afectadas.
Activistas y organizaciones de derechos civiles han cuestionado la propuesta, argumentando que podría forzar la separación familiar o la pérdida de vivienda para núcleos donde algunos de sus miembros son ciudadanos estadounidenses con derecho a asistencia legal.
Estudios indican que el 86% de las personas afectadas serían de origen hispano. El HUD ha estimado que aproximadamente 24,000 migrantes indocumentados, distribuidos en 20,000 hogares de estatus migratorio mixto a nivel nacional, se benefician de esta asistencia.
Organizaciones como la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), el National Housing Law Project y la coalición Protecting Immigrant Families han lanzado la campaña “Keep Families Together” (Mantener a las Familias Unidas) para movilizar la oposición a la medida.
Según cifras de la contraloría municipal, la NYCHA asiste actualmente a 142,974 familias. Si alrededor de 3,000 de estas fueran de estatus mixto y se vieran afectadas por la norma, esto representaría aproximadamente el 2.1% de los residentes de vivienda pública en riesgo por la política federal.
Cabe recordar que la administración del expresidente Donald Trump ya había impulsado una propuesta similar en 2019 para anular la elegibilidad de familias de estatus mixto en programas de vivienda pública. En aquel momento, una evaluación interna del HUD estimó que 108,000 inquilinos en 25,000 hogares mixtos a nivel nacional se verían perjudicados. Siete años después, las proyecciones sugieren un posible aumento en estos grupos familiares, manteniendo la tendencia de que el 72% reside en solo tres estados: California, Texas y Nueva York. De este total, la Gran Manzana representaría aproximadamente el 12% de los hogares impactados.
Aunque los datos demográficos y de elegibilidad pueden haber variado desde entonces, estas proporciones se han utilizado consistentemente como referencia para estimar el impacto de tales medidas en la ciudad de Nueva York, las cuales han sido consideradas por la Casa Blanca desde la administración Trump.
Un análisis exhaustivo sobre los efectos de esta medida, llevado a cabo por agencias municipales durante la administración del exalcalde Bill de Blasio, concluyó que su implementación “inevitablemente trasladaría los costos a otros sistemas de la ciudad, como albergues y servicios de crisis”.
Los equipos técnicos municipales de Nueva York proyectan que el desplazamiento de familias de estatus mixto generaría una carga significativa para la ciudad en la provisión de refugio de emergencia.
Asimismo, con al menos 4,900 niños en la Gran Manzana potencialmente afectados, la agencia de bienestar infantil se enfrentaría a la necesidad de abordar las repercusiones de las separaciones familiares y las condiciones de vivienda precarias, lo que implicaría una carga financiera adicional para la Ciudad.
El informe municipal también señaló que el HUD “no considera las cargas administrativas y los costos de desalojo para las ciudades y los propietarios privados, además de los costos humanos y administrativos de eliminar a todas las familias mixtas de estos programas, tanto para las terminaciones de subsidios como para los desalojos de vivienda pública, lo que probablemente resultará en litigios costosos y prolongados”.
El reporte municipal también detalla los previsibles impactos negativos en la salud para las familias de estatus mixto. El desplazamiento forzado, a menudo, desarraiga a las personas de sus redes de apoyo social y proveedores médicos, afectando adversamente los resultados de salud en las comunidades inmigrantes. Los adultos en viviendas inestables presentan tasas más elevadas de depresión, ansiedad y enfermedades cardiovasculares, mientras que los niños son más propensos a problemas de comportamiento y rendimiento escolar.
“La población con vivienda inestable tiene un mayor riesgo de problemas de salud mental y conductual, y complicaciones por el manejo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Además, la falta de vivienda contribuye al crecimiento y desarrollo deficiente en los niños, y a tasas más altas de hospitalización costosa y utilización de salas de emergencia”, señala el informe.
La inaccesibilidad de la vivienda también reduce los recursos para cubrir necesidades básicas de salud, como alimentos y atención médica, incrementando el riesgo de enfermedades crónicas. Ante la mayor probabilidad de que los inmigrantes carezcan de seguro médico, la Ciudad prevé incurrir en costos de atención médica no compensados, derivados del aumento de visitas a salas de emergencia y otros servicios sanitarios.
La congresista Nydia M. Velázquez (NY-7) fue una de las primeras líderes neoyorquinas en rechazar la propuesta, calificándola de “cruel e inhumana”.
“Las familias de estatus mixto ya están pagando lo que les corresponde y reciben beneficios muy por debajo del estándar nacional, bajo estrictos requisitos de elegibilidad. Esta es una política que busca obligar a las familias a elegir entre la separación familiar y quedarse sin hogar. Está diseñada para aterrorizar a las comunidades inmigrantes, así de simple”, declaró Velázquez.
La congresista de origen puertorriqueño argumenta que esta regla no contribuirá a resolver la crisis nacional de vivienda, que enfrenta un déficit de casi 4 millones de unidades, ya que “expulsar” a un número limitado de familias de programas del HUD no alterará esa realidad.
“Esta administración está usando a los inmigrantes como chivo expiatorio, para distraer de su fracaso en invertir en vivienda asequible. Yo lideré la lucha contra esta misma política durante el primer mandato de Trump y logramos derrotarlo”, concluyó.
Actualmente, la regla se encuentra en fase de propuesta y está abierta a comentarios públicos tras su publicación en el Registro Federal. Aún no ha entrado en vigor y no se implementarán cambios hasta que el HUD finalice su proceso de revisión y decida si adopta una versión definitiva. Por ahora, las normativas vigentes permiten que familias de estatus mixto continúen recibiendo asistencia prorrateada bajo los programas federales de vivienda.
La propuesta, impulsada por la oficina del secretario del HUD, Scott Turner, exigiría a los solicitantes presentar pruebas de ciudadanía, estatus legal o estatus elegible, sin importar la edad.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, se acabaron los días en que migrantes ‘ilegales’, personas sin derecho a pensión y estafadores manipulaban el sistema y se aprovechaban de los contribuyentes estadounidenses. Nos cuidaremos de que todos los residentes de viviendas financiadas por el HUD sean inquilinos elegibles. Tenemos tolerancia cero con el desprecio a los ciudadanos estadounidenses que trabajan duro y, al mismo tiempo, permitimos que otros se aprovechen de lagunas legales que datan de décadas”, afirmó Turner.
