Santo Domingo.-
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) expresó este lunes su profunda preocupación por la aplicación de la Ley 98-25, al considerar que la normativa representa un “golpe bajo” para las organizaciones sin fines de lucro (ONG) que operan en el país. Según CODUE, esta medida podría imponer nuevas cargas económicas a entidades que trabajan directamente con comunidades vulnerables.
Feliciano Lacen Custodio, presidente de CODUE, afirmó que la forma en que se está implementando esta legislación genera serias interrogantes sobre su impacto en organizaciones religiosas y comunitarias que realizan labores sociales, educativas y humanitarias en beneficio de miles de familias dominicanas.
“Gravar esos ingresos como si se tratara de utilidades empresariales desconoce la naturaleza jurídica de las asociaciones sin fines de lucro y debilita su labor social”, advirtió la entidad en un comunicado. Lacen Custodio explicó que la aplicación de la norma podría entrar en contradicción con el espíritu de la Ley 122-05 sobre Asociaciones sin Fines de Lucro, la cual regula el funcionamiento de estas organizaciones en la República Dominicana.
El dirigente evangélico recordó que el artículo 50 de la Ley 122-05 establece que las organizaciones debidamente incorporadas y en cumplimiento de sus obligaciones gozan de exención de tributos y contribuciones, siempre que actúen dentro de su objeto social y no distribuyan beneficios.
“En derecho existe un principio fundamental: la norma especial prevalece sobre la norma general”, explicó Lacen. En ese sentido, sostuvo que la Ley 122-05 constituye una legislación especial diseñada específicamente para regular a las asociaciones sin fines de lucro, mientras que la Ley 98-25 tiene un carácter más general dentro de la gestión pública. Por ello, CODUE insistió en que cualquier interpretación normativa debe respetar el régimen especial que protege a las organizaciones sociales y religiosas.
El pastor Lacen también señaló que en distintos sectores existe la percepción de que reformas que no pudieron concretarse mediante consenso se estarían aplicando de manera gradual a través de disposiciones administrativas. Entre estas medidas mencionó el aumento en el costo de documentos oficiales, incluidos los certificados de buena conducta, así como ajustes en seguros y otros mecanismos de recaudación que, según dijo, están generando nuevas cargas económicas para la población y las organizaciones comunitarias.
CODUE reiteró su llamado a revisar la aplicación de la normativa para evitar que las entidades sin fines de lucro vean afectada su capacidad de continuar desarrollando programas sociales y esenciales en favor de las comunidades más vulnerables del país.
