Miami, EE.UU.– El juicio contra cuatro individuos acusados de participar en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021 se inició este lunes en un tribunal federal de Miami. La jornada comenzó con la selección del jurado en un caso que ya ha resultado en la condena a cadena perpetua de otras cinco personas.
Los acusados, identificados como Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, enfrentan cargos de conspiración por el secuestro y asesinato de Moïse. El magnicidio fue perpetrado por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos, el 7 de julio de 2021 en la residencia privada del mandatario, ubicada en el sector capitalino de Pétion-ville, en las afueras de Puerto Príncipe.
Otro implicado, Christian Sanon, quien inicialmente iba a ser juzgado en este mismo proceso, no comparecerá debido a problemas de salud. Su juicio ha sido pospuesto para una fecha aún por determinar.
Documentos judiciales revelan que, entre febrero y julio de 2021, el sur de Florida “sirvió como lugar central para planificar y financiar el complot destinado a derrocar al presidente Moïse y reemplazarlo con alguien que sirviera a los objetivos políticos e intereses financieros de los conspiradores”.
Previamente, cinco personas fueron sentenciadas a cadena perpetua entre 2023 y 2024 por su participación en el magnicidio. Una sexta persona recibió una pena de nueve años de prisión, después de que el juez determinara que no tenía conocimiento del plan cuando financió el envío de chalecos antibalas a los conspiradores en Haití. Se espera que estos seis condenados testifiquen en contra de los actuales acusados, junto con agentes federales.
En Haití, más de cincuenta personas han sido acusadas en relación con el asesinato, incluyendo a la viuda de Moïse y a los 17 exmilitares colombianos. Sin embargo, el proceso judicial en el país caribeño se encuentra estancado debido a la extrema inseguridad y la crisis política.
El inicio del juicio en Estados Unidos sufrió retrasos debido a la vasta cantidad de evidencias y a las dificultades de la defensa para recabar declaraciones de algunos de los colombianos detenidos en Haití, obstaculizadas por la violencia de bandas y la crisis política.
Según la acusación, el propósito de los conspiradores era que Sanon asumiera la presidencia de Haití en lugar de Moïse. Una vez en el poder, Sanon adjudicaría contratos a una empresa ubicada en Doral, vinculada a Intriago y Ortiz. Solages actuaría como enlace de esta empresa en Haití. Además, Veintemilla supuestamente proporcionó fondos para la operación a través de su compañía Worldwide Investment Development Group, también con sede en Florida.
El plan inicial fue presentado a los militares colombianos como una operación de arresto legal, supuestamente respaldada por agencias de Estados Unidos. Esto se debe a que Ortiz y Joseph Vincen (uno de los primeros cinco condenados) tienen antecedentes como exinformantes del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Este punto será un foco de fricción durante el juicio, ya que los abogados defensores argumentan que sus clientes estaban convencidos de contar con el aval de Estados Unidos. Según el testimonio de algunos de los condenados, el plan evolucionó cuando los líderes de la trama dieron la orden directa de matar al mandatario, tras varios intentos fallidos de captura.
La muerte de Moïse generó un vacío de poder en Haití, lo que permitió a las bandas tomar el control del país, desatando una severa crisis humanitaria y de seguridad. Estos factores han provocado un aumento en la migración de haitianos hacia otros países, incluyendo Estados Unidos, particularmente a Florida. Allí, muchos de ellos enfrentan la incertidumbre ante la posibilidad de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump elimine el Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege de la deportación a 350.000 haitianos. Aunque la administración ha intentado revocar esta medida en varias ocasiones, diversos tribunales se han opuesto, argumentando que el retorno de los migrantes a Haití los expondría a una violencia extrema.
