São Paulo.- El Gobierno de Brasil ha otorgado un plazo de cinco días a la red social TikTok para que detalle las medidas adoptadas para erradicar la tendencia de videos que ensalzan la violencia contra las mujeres. Fuentes oficiales informaron este martes sobre esta acción gubernamental.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública emitió un oficio a la plataforma china en respuesta a la “circulación masiva de contenidos misóginos asociados a la tendencia ‘En caso de que ella diga no’”, la cual se viralizó en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Este asunto también está bajo investigación de la Policía Federal de Brasil, que ha iniciado un proceso a solicitud de la Abogacía General del Estado.
En los últimos días, se observó una proliferación de publicaciones donde “jóvenes simulaban patadas y puñetazos, y apuñalaban maniquís que representan a figuras femeninas”.
Junto a estas imágenes, que ya han sido retiradas de la plataforma, aparecían mensajes que “justificaban la violencia” en caso de rechazo por parte de una mujer, según una nota emitida por el Gobierno.
En este contexto, la Administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha requerido a TikTok Brasil información detallada sobre sus sistemas de moderación automática de contenidos, sus mecanismos de revisión humana, el monitoreo de tendencias emergentes y los controles aplicados a su algoritmo de recomendación.
La red social deberá asimismo presentar una “evaluación de riesgos sobre la recurrencia de este tipo de contenido” e informar “si los perfiles responsables de su difusión fueron monetizados o recibieron algún tipo de contraprestación económica”.
Paralelamente, las autoridades brasileñas analizarán los metadatos con el fin de colaborar en la identificación de las personas detrás de los perfiles que difundieron estos videos con apología de la violencia contra las mujeres.
Un estudio universitario, citado en la denuncia gubernamental, reveló que Brasil registró 6.900 víctimas de feminicidio, consumado o en grado de tentativa, en el año 2025, lo que representa un aumento del 34 % en comparación con el año 2024.
El pasado 4 de febrero, las cúpulas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial firmaron un pacto de Estado contra los feminicidios con el objetivo de “proteger a las mujeres, prevenir la violencia y responsabilizar a los agresores”.
