Santo Domingo.- El abogado Julio Núñez ha denunciado que el Departamento de Extranjería de la Dirección General de Migración (DGM) estaría rechazando solicitudes de residencias de ciudadanos extranjeros sin ofrecer una motivación jurídica clara. Esta situación, según Núñez, genera preocupación por la seguridad jurídica de familias e inversionistas radicados en la República Dominicana.
El jurista explicó haber recibido múltiples denuncias de ciudadanos extranjeros afectados. Ante esta situación, Núñez solicitó la intervención del presidente de la República, Luis Abinader, y del director general de Migración, el general Lee Ballester, calificando estos rechazos de residencias como carentes de fundamento jurídico.
Núñez señaló que, de acuerdo con la información recopilada, numerosos ciudadanos extranjeros que han presentado sus expedientes para obtener o renovar sus residencias en República Dominicana, cumpliendo con todos los requisitos de la normativa migratoria dominicana, estarían enfrentando rechazos administrativos sin explicación jurídica. A esto se suman retrasos excesivos y la ausencia de respuestas formales a los recursos administrativos interpuestos por los afectados.
Según las denuncias y la documentación analizada por el abogado, estas decisiones administrativas serían adoptadas bajo la responsabilidad de Laura Mariñez, encargada del Departamento de Extranjería. Se presume que Mariñez habría dispuesto el rechazo de múltiples solicitudes de residencia sin ofrecer motivaciones jurídicas suficientes ni responder adecuadamente a los requerimientos formales presentados por los solicitantes y sus representantes legales.
El jurista indicó que esta problemática afecta a ciudadanos extranjeros con años de residencia en el país, muchos de los cuales han realizado importantes inversiones, creado empresas, generado empleos y desarrollado su proyecto de vida dentro de la sociedad dominicana.
En varios casos, Núñez destacó que se trata de familias con hijos que estudian en colegios y universidades del país, plenamente integrados al sistema educativo y social dominicano. Esto convierte las decisiones administrativas en situaciones particularmente delicadas desde el punto de vista humano y jurídico.
El abogado advirtió que la negativa a ofrecer explicaciones jurídicas claras sobre las decisiones, así como la falta de respuesta a los recursos administrativos, podría vulnerar principios fundamentales de la Constitución de la República Dominicana. En particular, mencionó los derechos relacionados con la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el debido proceso administrativo.
Asimismo, Núñez recordó que la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo establece que toda decisión de la administración pública debe estar debidamente motivada y fundamentada en derecho, garantizando al ciudadano la comprensión de las razones y el ejercicio de su derecho de defensa.
El jurista también subrayó que, cuando estas decisiones afectan a familias con hijos menores de edad, el Estado debe actuar con especial responsabilidad, dado que la Ley 136-03 establece el principio del interés superior del niño, obligando a considerar el bienestar y la estabilidad familiar de los menores en toda decisión administrativa.
El profesional del derecho alertó que estas situaciones podrían generar un clima de incertidumbre que impacta negativamente la confianza de inversionistas y residentes extranjeros en la institucionalidad dominicana, afectando la imagen del país como destino seguro para la inversión extranjera y el desarrollo empresarial.
Por tal motivo, Núñez hizo un llamado respetuoso pero firme al presidente de la República y al director general de Migración para que dispongan una revisión institucional de las actuaciones del Departamento de Extranjería. Su objetivo es garantizar que los procesos migratorios se conduzcan con apego estricto a la Constitución, las leyes y el respeto de los derechos fundamentales.
Finalmente, el jurista reiteró que la República Dominicana ha forjado una reputación internacional basada en la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la confianza para la inversión extranjera. Afirmó que estos principios deben ser preservados para proteger el desarrollo económico y social del país.
