SANTO DOMINGO.-
La procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, instó a implementar una “nueva ola de cooperación” internacional, caracterizada por su eficiencia, actividad y oportunidad, para reenfocar y fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada. La propuesta fue presentada durante un foro de trabajo auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que República Dominicana participó junto a autoridades de varios países europeos.
Durante su intervención, Reynoso valoró la propuesta de establecer equipos conjuntos de investigación entre naciones, sincronizar evidencias del Ministerio Público dominicano y sus agencias con las policías y fiscalías de Europa, y revisar los mecanismos de extradición y asistencia jurídica.
“No podemos combatir redes globales con estrategias locales”, afirmó la procuradora, enfatizando que “si ellos comparten rutas y logística, nosotros estamos obligados a compartir inteligencia, evidencia y fuerza operativa”. Criticó que muchos países se han quedado “atrapados en una cooperación del siglo XIX para enfrentar una criminalidad del siglo XXI”, subrayando la necesidad de implementar esta nueva modalidad.
Reynoso declaró que la cooperación jurídica internacional es el “único camino viable” para enfrentar con éxito el narcotráfico. “Ante una amenaza sin fronteras, la respuesta del Estado no puede ser local. Es aquí donde la cooperación jurídica internacional deja de ser un ideal y se convierte en una línea de defensa transnacional”, argumentó.
La procuradora general recordó que el narcotráfico opera como un “generador primario de violencia”, financiando el sicariato y provocando conflictos entre grupos y carteles que “atentan contra la democracia, la estabilidad económica y la seguridad ciudadana”. Además, lo describió como un detractor del sistema de salud pública al “condenar a miles de ciudadanos a la adicción”, saturando los sistemas médicos y destruyendo el tejido social.
Asimismo, Reynoso vinculó directamente el narcotráfico a gran escala con el tráfico de armas, señalando que “los carteles necesitan protegerse, proteger su ruta, proteger su territorio, proteger su negocio y su ganancia”. De igual forma, lo identificó como un “motor de corrupción”, afirmando que “no hay forma de combatir de manera eficiente el narcotráfico sin luchar contra la corrupción”, ya que el tránsito de cargamentos ilícitos por el país implica actos de corrupción.
La procuradora también asoció el narcotráfico con la violencia intrafamiliar y juvenil, además de considerarlo un “socio importante de la trata y tráfico de personas”.
Yeni Berenice Reynoso manifestó que este foro debe ser “el inicio de un nuevo modelo de coordinar” y reiteró que la cooperación jurídica internacional es un “factor de primer orden” para República Dominicana. Informó que ha instruido al director de cooperación, el procurador general adjunto Osvaldo Bonilla, para que no se exceda “un mes para dar una cooperación”, destacando el uso de medios electrónicos para agilizar los procesos.
El evento, celebrado en un hotel del Distrito Nacional los días 12 y 13 de marzo de 2026, se enmarca en el proyecto Legal Fast, una iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para fortalecer la cooperación judicial penal entre Europa y el Caribe. El foro fue encabezado por Mario Hemmerling, coordinador de la UNODC; Alberto Arean Valera, jefe de oficina de esa organización en República Dominicana; y la embajadora de Alemania en Santo Domingo, Maike Friedrichsen. Participaron integrantes del Ministerio Público especializados en investigación.
Alberto Arean Valera, de la UNODC, destacó que la delincuencia organizada representa una “amenaza significativa” para la seguridad ciudadana y nacional, haciendo que la cooperación internacional sea “un elemento esencial”. Reconoció la existencia de “espacios de mejoras y un largo camino por recorrer” para fortalecer la efectividad y la prevención, especialmente en la cooperación interinstitucional, internacional y la especialización de unidades policiales y judiciales, conceptos “fundamentales para lograr ser mínimamente eficaz” contra estos grupos transnacionales, opacos, flexibles y adaptables.
