SAN SALVADOR.- El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, expresó su pesar por la impunidad que rodea los asesinatos de tres sacerdotes, perpetrados en diversas regiones del país, y la falta de esclarecimiento en estos casos. La declaración se dio a conocer a través de un video divulgado el viernes por un medio local.
El máximo jerarca de la Iglesia salvadoreña, sin especificar nombres ni fechas de los crímenes, señaló que los religiosos eran originarios de las localidades de Santiago de María, Zacatecoluca y Sonsonate. Esta lamentación se produjo en el marco del 49 aniversario del asesinato del sacerdote y beato de la Iglesia católica, Rutilio Grande, a manos de un escuadrón de la muerte, conmemorado el jueves previo.
«Últimamente hemos tenido tres asesinatos de sacerdotes, (…) que tampoco se ha obtenido ninguna justicia, ni siquiera clarificar los casos. Esa es una lástima», afirmó Escobar a periodistas, según una publicación en X del Noticiero Hechos.
Escobar añadió que «también hay gente laica que ha muerto y que ha desaparecido, y que no se ha dado justicia», extendiendo su preocupación más allá del clero.
Reportes de la prensa local, con el fin de contextualizar los casos, señalan que el presbítero Walter Osmir Vásquez fue asesinado en marzo de 2018. Posteriormente, en mayo de 2019, se registró el homicidio del padre José Cecilio Pérez, aunque por este último caso se dictó una condena de 25 años de cárcel a una persona en 2020.
En agosto de 2020, el rector del Seminario Mayor de Santiago de María, Ricardo Cortez, fue asesinado a tiros.
«La sangre inocente de un buen pastor sigue irrigando la tierra salvadoreña, en este año martirial por los 40 años del martirio de monseñor Romero, Fray Cosme Spessotto y las cuatro hermanas laicas norteamericanas», comunicó en su momento el Obispado de Zacatecoluca, refiriéndose a la larga historia de violencia contra religiosos.
A pesar de que en 2016 un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló una ley de amnistía que mantenía estos casos congelados, por los asesinatos de Romero, Grande, Spessotto y otros sacerdotes y religiosas, cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), no se han registrado condenas en El Salvador.
