Santo Domingo.-
Residentes del Residencial Antonia, ubicado en el sector Manoguayabo del municipio Santo Domingo Oeste, han denunciado la instalación de una cocina industrial dentro de la urbanización, argumentando que este tipo de negocio amenaza la seguridad, la salud y la tranquilidad de las aproximadamente 400 familias que residen en la zona.
José Brito, presidente de la junta de vecinos del residencial, explicó la oposición de la comunidad al proyecto, señalando que su naturaleza no se corresponde con el carácter exclusivamente residencial del lugar. “Este residencial fue concebido para viviendas familiares y pequeños negocios de servicio a la comunidad, como colmados, salones o farmacias, no para una cocina industrial”, afirmó Brito.
El dirigente comunitario enfatizó que las viviendas del residencial comparten paredes laterales, lo que, según su criterio, eleva considerablemente los riesgos en caso de incidentes como un incendio. “Las construcciones aquí tienen una sola pared común entre viviendas. En caso de siniestro, la capacidad de evacuación rápida sería limitada, poniendo en peligro a toda la comunidad”, advirtió.
Brito también manifestó preocupación por el incremento del tránsito de camiones y vehículos de carga que el negocio podría generar para el suministro y retiro de mercancías. Indicó que los frentes de las viviendas miden apenas ocho metros, lo que dificultaría el estacionamiento y podría provocar conflictos entre los residentes. Adicionalmente, alertó sobre posibles problemas de contaminación ambiental, incluyendo humo, olores y residuos, derivados de la operación de una cocina industrial en un entorno residencial.
La junta de vecinos, según Brito, ha realizado gestiones ante diversas instituciones, como el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Sin embargo, denunció la falta de una respuesta clara sobre la situación. “Llevamos más de un mes tocando puertas y enviando comunicaciones. El ayuntamiento solo nos ha respondido enumerando pasos, sin fijar una posición oficial”, precisó.
Por su parte, Araceli Guzmán Núñez expresó inquietud por el potencial impacto del negocio en la salud y el entorno de los niños que asisten a centros educativos cercanos. Detalló que un colegio con unos 300 estudiantes funciona detrás de la edificación, y una guardería se encuentra en las inmediaciones. “Esta contaminación podría afectar a esos niños que vienen diariamente a educarse en un ambiente sano”, señaló.
La comunitaria reiteró que los residentes no se oponen a pequeños comercios, pero sí a aquellos que puedan generar contaminación o alterar la convivencia pacífica en el residencial. Los vecinos han hecho un llamado a las autoridades competentes para que intervengan y evalúen la situación, urgiendo la paralización de la instalación del negocio. “Somos gente de paz, gente laboriosa. Solo buscamos tranquilidad en nuestro residencial y que se respete el propósito para el cual fue creado”, concluyó Guzmán.
