WASHINGTON.- El presidente Donald Trump asistió este miércoles a la sesión de la Corte Suprema de Estados Unidos que analiza la legalidad de su orden para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento. La medida busca negar este derecho a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.
El hecho marca un precedente histórico: es la primera vez que un mandatario en funciones presencia argumentos orales ante el máximo tribunal. En junio de 2025, la corte ya había favorecido a Trump al levantar bloqueos judiciales contra la polémica política migratoria.
El presidente llegó minutos antes del inicio de la audiencia y se sentó en primera fila, observando en silencio mientras el procurador general, John Sauer, defendía la postura de su administración.
Desde la oposición legal, Anthony D. Romero, líder de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, emitió un mensaje contundente: el tribunal deberá demostrar su compromiso con la Constitución, incluso bajo la mirada directa del presidente.
Romero calificó el proceso como “uno de los casos más importantes de los últimos cien años” en Estados Unidos, subrayando su impacto histórico.
El caso pone en revisión la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que desde el siglo XIX garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.
Trump ha defendido su postura, argumentando que dicha enmienda fue concebida tras la Guerra Civil para proteger a los hijos de esclavos, no para otorgar ciudadanía a hijos de extranjeros en situación irregular.
Expertos en derecho constitucional y organizaciones de derechos humanos advierten que una restricción de este tipo no puede imponerse mediante orden ejecutiva. La consideran una reinterpretación peligrosa de un derecho fundamental.
Según el Migration Policy Institute, alrededor de 255.000 niños al año podrían verse afectados si el tribunal respalda definitivamente la iniciativa presidencial.
Aunque el Supremo ya permitió la aplicación temporal de la medida al levantar bloqueos de tribunales inferiores, aún no se ha pronunciado sobre su constitucionalidad.
El fallo final podría redefinir uno de los pilares del sistema legal estadounidense y marcar un antes y un después en la política migratoria del país.
