Washington D.C. – Líderes demócratas en el Congreso de Estados Unidos han prometido emprender acciones legales contra una reciente orden ejecutiva del expresidente Donald Trump. Esta medida busca reformar las elecciones federales y ha sido calificada por los demócratas como un uso ilegal de poder.
El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), criticó duramente la orden, describiéndola como una “apropiación ilegal de poder” y las acciones de Trump como “desquiciadas”. Jeffries acusó a los republicanos de intentar “aferrarse desesperadamente al poder” dificultando el voto. En un comunicado, Jeffries enfatizó: “La Constitución es clara. Donald Trump no tiene poder para cambiar la forma en que los estados llevan a cabo sus elecciones”. Añadió que lucharán contra lo que considera un “desesperado plan republicano para apoderarse de nuestras elecciones libres y justas y poner fin, de una vez por todas, a la era de la supresión del voto en Estados Unidos“.
La orden ejecutiva, firmada el pasado martes, instruye al Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a colaborar con la Administración del Seguro Social para crear una lista de ciudadanos estadounidenses verificados con derecho a votar. Además, prohíbe al Servicio Postal enviar papeletas a quienes no figuren en la lista de votantes por correo aprobada por el estado y exige que las papeletas se guarden en sobres con códigos de barras para su seguimiento. También instruye a la fiscal general Pam Bondi a dar prioridad a las investigaciones y enjuiciamientos de cualquier persona acusada de enviar boletas a votantes no elegibles.
Según Jeffries, la orden permitiría al gobierno “determinar unilateralmente quién tiene derecho a votar” e intimidar a los funcionarios electorales estatales con investigaciones “innecesarias”, poniendo en riesgo la privacidad de millones de estadounidenses.
El expresidente Trump ha afirmado reiteradamente, sin presentar pruebas, que el voto por correo y la participación de inmigrantes indocumentados contribuyeron a un fraude generalizado en las elecciones presidenciales de 2020, según informó The Hill. Estas acusaciones han servido de base para sus recientes llamados a “nacionalizar” los comicios y para impulsar la Ley SAVE, una legislación nacional de identificación de votantes que requeriría a los estadounidenses presentar un documento de identidad con foto para votar en elecciones federales y aportar prueba de ciudadanía para registrarse. Previamente, Trump ya había criticado la práctica del voto por correo, calificando de “absurdo” el proceso por el cual los estados cuentan las papeletas recibidas después del día de las elecciones, a pesar de que muchos estados aceptan votos por correo y en ausencia siempre que lleven el matasellos del día de los comicios.
En respuesta a la orden, los demócratas han prometido acciones legales. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), expresó en la plataforma social X: “Nos vemos en los tribunales. Perderás”.
Por su parte, el fiscal general de Colorado, Phil Weiser (demócrata y candidato a gobernador), también manifestó su intención de demandar, argumentando que Trump carece de autoridad constitucional para interferir en las normas electorales estatales. Weiser declaró: “La Constitución establece claramente que los estados determinan la fecha, el lugar y la forma de las elecciones. Casi todos los votantes de Colorado —demócratas, republicanos e independientes— utilizan el voto por correo. El sistema electoral de Colorado es seguro y justo, y emprenderemos acciones legales para proteger las elecciones de Colorado“.
