Puerto Rico.-
El Gobierno de Puerto Rico estima un ahorro de unos $32 millones de dólares anuales una vez que el síndico federal, encargado de supervisar los manejos administrativos del Departamento de Educación (DE) en la isla, cese sus funciones. Este anuncio fue realizado por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, quien destacó los avances significativos en el proceso para la eventual salida de la oficina del síndico (Third Party Fiduciary Agent, TPFA).
A principios de mes, trascendió que el Departamento de Educación federal de Estados Unidos (USDE) había acordado el inicio del proceso para la desvinculación del también conocido como agente fiduciario externo, cuya labor es examinar la gestión de fondos federales en la agencia local.
En una transmisión en vivo, la gobernadora González, acompañada por el secretario de Educación en la isla, Eliezer Ramos Parés, informó que el Departamento de Educación de Puerto Rico ha alcanzado un cumplimiento del 99.9% en el Plan Integral de Acciones Correctivas (Comprehensive Corrective Action Plan, CCAP). Este logro, según los funcionarios, “valida la solidez de sus procesos, controles internos y la utilización correcta y transparente de los fondos federales”.
La mandataria explicó que la imposición del síndico federal se originó hace años debido a “múltiples escándalos de corrupción en el pasado” que afectaron las cuentas del Departamento de Educación. Este mecanismo, que supervisa los procesos administrativos y de compra, le ha costado al erario público de Puerto Rico más de $32 millones de dólares anualmente. La gobernadora argumentó que, con la salida del síndico, este dinero podrá ser redirigido a la comunidad escolar para proveer más servicios y mejoras, en lugar de gastarse en “abogados, en esta figura externa, en un contrato externo que lo que hacía era supervisar todas las funciones dentro del Departamento de Educación para la parte administrativa y de gastos”.
El plan de transición establece que el Departamento de Educación local deberá asumir gradualmente las funciones fiscales críticas, asegurando el cumplimiento de los requisitos federales y la continuidad operacional. Además, el Gobierno de Puerto Rico deberá presentar informes continuos que demuestren el cumplimiento de “entregables claves, así como la continuidad de los procesos de eficiencia desarrollados bajo el CCAP“.
Como parte de esta transición, la gobernadora subrayó la importancia del nombramiento de un Director Financiero (Chief Financial Officer, CFO), un paso requerido por el plan federal. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico ya aprobó la creación de esta figura. “Esta medida nos va a permitir tener esa transparencia en el momento de manejar las finanzas, que es uno de los pilares y los requisitos que nos ha impuesto el gobierno federal“, declaró la primera ejecutiva, quien añadió haber dialogado con Linda McMahon, secretaria de Educación federal, sobre el asunto.
La gobernadora González atribuyó los avances a la gestión actual, señalando que “por muchos años se estuvieron elaborando planes para salir de esta oficina del síndico, pero no fue hasta que llegamos… que el secretario de Educación y su componente de trabajo tomaron las riendas”. Destacó la creación de una oficina dedicada a revisar facturas, procedimientos y requerimientos para asegurar el cumplimiento.
El secretario Ramos Parés describió el proceso como “arduo”. Explicó que la imposición del síndico ocurrió en 2019 y su contratación efectiva en 2021, lo que resultó en la congelación de fondos para el Departamento de Educación a nivel local. A su llegada a la administración, el cumplimiento de las exigencias del síndico era apenas del 5%, lo que requirió un esfuerzo concentrado de todo el equipo de trabajo.
El funcionario también resaltó la relevancia de la Oficina de Cumplimiento para fortalecer los controles internos y permitir una supervisión fiscal más rigurosa. “Hemos logrado una transferencia de conocimiento esencial que antes residía en el síndico y que ahora queda dentro de nuestra agencia, fortaleciendo nuestra capacidad institucional”, agregó Ramos Parés.
El 8 de marzo pasado, el USDE había reconocido el “progreso significativo” del Departamento de Educación de Puerto Rico en la implementación del CCAP, particularmente en áreas como controles internos de nómina, recursos humanos, adquisiciones, contratación y manejo de subvenciones federales. Para mantener el cumplimiento, el DE debía presentar un plan de transición antes del 30 de marzo, detallando cómo se transferirán gradualmente las funciones del síndico.
Durante el periodo de transición, el síndico continuará brindando supervisión y asistencia técnica, aunque a un costo “significativamente más bajo”, que representa una reducción contractual del 40%, equivalente a cerca de un millón de dólares mensuales en ahorros.
