ESTADOS UNIDOS – Miles de migrantes que residen legalmente en el país, mientras aguardan la resolución de sus solicitudes de asilo, están recibiendo órdenes de deportación a terceros países con los que no poseen vínculos previos. Esta situación, revelada por la organización Mobile Pathways, afecta a ciudadanos de diversas nacionalidades, incluyendo Afganistán, Cuba, Mauritania, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Entre los casos documentados, un hombre afgano que escapó del Talibán y reside en Nueva York, ha recibido una orden para ser deportado a Uganda. De manera similar, una mujer cubana en Texas fue detenida tras un incidente de tránsito menor y se le informó que su destino sería Ecuador. Numerosos otros solicitantes de asilo enfrentan órdenes de traslado a naciones con las que no tienen ninguna conexión previa.
A pesar de estas directrices, un número limitado de personas ha sido efectivamente deportado. La mayoría permanece en un prolongado limbo migratorio, imposibilitados de defender sus casos ante los tribunales y sin claridad sobre su posible traslado a un país desconocido. La situación se agrava para muchos, que han sido detenidos y han perdido su permiso de trabajo legal, lo que incrementa su vulnerabilidad económica y social mientras sus solicitudes de asilo están en trámite.
Cassandra Charles, abogada principal del National Immigration Law Center, ha declarado que el propósito subyacente de esta política gubernamental es generar temor entre los migrantes, con la expectativa de que ello los disuada de proseguir con sus solicitudes de asilo y, en última instancia, los impulse a regresar a sus países de origen.
A mediados de marzo, se reportó que altos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), adscrito al Departamento de Seguridad Nacional, emitieron una comunicación interna a abogados de campo, instruyéndoles a suspender la presentación de nuevas mociones de deportación a terceros países en el contexto de casos de asilo. Hasta la fecha, no se han proporcionado explicaciones oficiales sobre esta medida, ni se ha confirmado si la suspensión será de carácter permanente.
Sin embargo, la suspensión concierne únicamente a los casos futuros, dejando a más de 13,000 migrantes que ya recibieron órdenes de deportación a terceros países sujetos a la política inicial. Más de la mitad de estas órdenes tienen como destino Honduras, Ecuador o Uganda, mientras que el resto se distribuye entre casi 36 naciones.
Esta práctica, implementada por abogados del ICE desde el verano pasado, involucra la presentación de “mociones de pretermisión” destinadas a finalizar las solicitudes de asilo y habilitar la deportación a un tercer país. La base legal de esta medida se consolidó en octubre, tras un fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia, que dictaminó que los solicitantes pueden ser expulsados a cualquier nación que Estados Unidos considere “segura”, independientemente de la existencia de vínculos previos.
Las deportaciones efectivas se han visto restringidas por diversos factores, incluyendo limitaciones legales, acuerdos internacionales y la capacidad logística. Un acuerdo con Honduras, por ejemplo, permite solo 10 deportaciones mensuales, a pesar de que miles de migrantes han recibido órdenes. Asimismo, Uganda, a la que se han emitido órdenes para cientos de migrantes, no ha recibido a ninguno hasta la fecha, según confirmó el ministro de Relaciones Exteriores Okello Oryem.
Abogados especializados en inmigración advierten que la actual suspensión de nuevas mociones podría ser una medida temporal. Expresan preocupación de que el gobierno podría intensificar las deportaciones una vez que logre expandir su capacidad de transporte y establezca nuevos acuerdos internacionales con países receptores.
El impacto humano de esta política se ilustra con el caso de una mujer guatemalteca, víctima de agresión sexual y violencia de pandillas, a quien se le informó en un tribunal de San Francisco que su posible destino de deportación podría ser Ecuador, Honduras o Uganda, países con los que no tiene familiaridad alguna. La solicitante manifestó que la mera posibilidad de ser enviada a estas naciones le genera pánico y profundo temor.
En resumen, la controvertida política de deportaciones a terceros países continúa afectando a miles de solicitantes de asilo que han establecido su residencia legal en Estados Unidos, cultivando un clima de incertidumbre y aprehensión en las comunidades migrantes. Mientras las autoridades exploran métodos para implementar plenamente estas medidas, la comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos observan de cerca las implicaciones de esta estrategia migratoria.
