CARACAS.- La ONG venezolana Cecodap denunció este martes que un tribunal con competencia en terrorismo negó la amnistía a una adolescente de 16 años. La organización instó a las autoridades a revisar el caso, argumentando que están en juego la vida, la dignidad y el desarrollo de la joven «frente al poder punitivo del Estado«.
Según Carlos Trapani, coordinador general de la ONG, la Ley de Amnistía es de cumplimiento obligatorio si se cumplen sus condiciones, no una potestad discrecional del juez. En una publicación en X, el abogado enfatizó que la ley «no excluye delitos por su nombre sino por su naturaleza», contradiciendo la sugerencia del tribunal de que el terrorismo impide la aplicación de la amnistía.
Trapani explicó que, para justificar una exclusión, el juez debía demostrar claramente cómo los hechos del caso encajan en los supuestos estándares jurídicos. Sin embargo, la decisión del tribunal dio por sentada esta exclusión «sin explicación».
El coordinador de Cecodap reiteró que la amnistía extingue la acción penal si se cumplen sus condiciones, obligando al tribunal a declarar el sobreseimiento. Resaltó la delicadeza del caso al tratarse de una adolescente, lo que altera el estándar jurídico. «En la justicia penal para los menores de edad, el sistema no está diseñado para castigar sino para proteger, educar y favorecer la reintegración», afirmó Trapani. Cada decisión, añadió, debe evaluar el impacto en su desarrollo, salud mental, entorno familiar y proyecto de vida.
Además, el activista subrayó la necesidad de investigar si la adolescente pudo haber sido «influenciada, instrumentalizada o utilizada por personas adultas» en delitos de alta complejidad como el terrorismo. Lamentó que la sentencia «no realiza este análisis», no examina el contexto ni valora posibles relaciones de poder.
Finalmente, Trapani advirtió que imputar delitos como terrorismo a un adolescente sin un análisis individualizado riguroso y sin considerar estas dinámicas «no solo plantea dudas de legalidad, sino que puede constituir una forma de victimización institucional». La Ley de Amnistía abarca un período de 27 años, desde 1999, pero excluye casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
