Santo Domingo, República Dominicana.-
El Ministerio Público, a través de la Dirección de Persecución, confirmó este martes la profundización de una investigación contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de solicitar y recibir un soborno, con el objetivo de reunir las evidencias necesarias para una formal acusación por hechos de corrupción.
La información fue ofrecida por Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, tras la audiencia de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. La jueza presidenta, Ysis Muñiz, aplazó para el próximo viernes a las 9:00 de la mañana el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Valdez Alcántara, quien es imputado de haber recibido US$10,000 de un testigo relacionado con el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), conocido como “Cobra”.
El Ministerio Público ha solicitado 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el fiscal Valdez Alcántara, al que se le imputan los presuntos delitos de concusión, soborno, cohecho y lavado de activos.
Camacho enfatizó el compromiso de la institución con la búsqueda de la verdad. “Nosotros vamos a procurar obtener evidencia de cualquier solicitud o entrega de soborno que se haya hecho en este proceso. Vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a conocer la medida de coerción y la investigación va a continuar hasta que presentemos la acusación”, declaró.
Según la teoría del caso del Ministerio Público, la imputación principal es por soborno, derivado de un proceso en el que se solicitaba dinero ilícito para modificar el curso de una investigación bajo la responsabilidad del acusado. La operación culminó con la ejecución de una entrega vigilada y el arresto de Valdez Alcántara.
La indagatoria contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue diseñada y ejecutada desde el propio Ministerio Público, abarcando tanto la fase de inteligencia como la operativa, con el objetivo de erradicar conductas irregulares dentro de la institución.
Wilson Camacho subrayó la gravedad de la corrupción en el sistema de justicia. “La corrupción en el sistema de justicia es una de las peores formas de corrupción que pueden existir, porque además de afectar la seguridad jurídica, hace que el derecho sea susceptible al dinero”, manifestó. En ese sentido, destacó la postura de la procuradora general de la República, Yenny Berenice Reynoso, y de la Dirección de Persecución, de no tolerar ni encubrir actos de corrupción, afirmando que “cualquier acto de corrupción del que tengamos evidencia terminará en los tribunales”.
El director de Persecución reiteró que la investigación está en curso y que los detalles se irán divulgando a medida que el proceso avance judicialmente. Explicó que se llevó a cabo una entrega controlada, autorizada por un tribunal, como parte de una operación para frenar una conducta ilegal.
El expediente de solicitud de medida de coerción detalla que el fiscal Valdez Alcántara fue arrestado en flagrante delito mientras gestionaba y recibía US$10,000.
Los hechos se remontan al 13 de marzo de 2026, cuando el imputado se reunió con el testigo Roberto Canaán en el parqueo de un centro comercial ubicado en la avenida Jiménez Moya, esquina con la avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional. En dicho encuentro, Valdez Alcántara habría utilizado información privilegiada sobre los vínculos y propiedades del testigo para establecer una posición de dominio.
Durante la reunión, el fiscal propuso alterar el curso del proceso judicial contra Canaán a cambio de un beneficio económico. La exigencia inicial ascendía a US$200,000, cifra que posteriormente se redujo a US$150,000 tras una negociación. Adicionalmente, el imputado habría mostrado interés en un reloj Rolex y solicitado la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, rechazando alternativas más económicas e insistiendo en un modelo de alta gama.
El expediente también refiere que el fiscal ejerció coacción a través de llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026, preguntó al testigo: “¿para cuándo está la cosa?”, fijando el 24 de marzo como fecha límite. Para asegurar el pago, habría advertido sobre la inminencia de la judicialización del caso de Canaán, condicionando su situación legal al desembolso del soborno.
Finalmente, el 27 de marzo de 2026, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado en el marco de la entrega vigilada del dinero.
El Ministerio Público sostiene que Valdez Alcántara se dedicaba a recibir sobornos a cambio de modificar investigaciones bajo su responsabilidad.
