Estados Unidos.- El creciente nivel de endeudamiento en el país está impulsando a un número mayor de acreedores a recurrir a los tribunales, lo que abre la puerta a la implementación de medidas legales más agresivas para la recuperación de sus fondos.
Actualmente, la deuda total de los hogares supera los $18.5 billones, con un incremento sostenido en los retrasos de pagos de tarjetas de crédito y préstamos personales.
Ante este panorama, una vez que un acreedor obtiene una sentencia judicial favorable, sus acciones van más allá de las llamadas o cartas de cobro. Pueden utilizar herramientas legales para recuperar la deuda directamente de los ingresos y cuentas bancarias del deudor.
Una pregunta frecuente es si estas acciones pueden aplicarse simultáneamente. La respuesta es afirmativa. En la mayoría de los estados, un acreedor tiene la facultad de embargar tanto el salario como los fondos de una cuenta bancaria al mismo tiempo. Esto se debe a que son procesos legales distintos que no están prohibidos por la ley federal.
El embargo de salario consiste en la retención directa de una parte del ingreso por parte del empleador antes de que llegue al trabajador. La ley federal establece límites claros: el descuento no puede exceder el 25% del ingreso disponible o el monto que supere 30 veces el salario mínimo federal semanal, lo que resulte menor. Algunos estados, además, imponen restricciones aún más estrictas.
Por otro lado, el embargo bancario opera de manera diferente. Permite congelar y retirar dinero ya depositado en cuentas de ahorro o de cheques. Para ejecutarlo, el acreedor debe obtener una orden judicial adicional. Una vez concedida, la entidad bancaria está legalmente obligada a entregar los fondos disponibles hasta cubrir la deuda.
Dado que ambos son mecanismos independientes, un acreedor puede aplicarlos de forma simultánea, impactando tanto el dinero que está por recibirse como el que ya se posee, lo cual puede generar un fuerte impacto en las finanzas personales del deudor.
No obstante, existen protecciones importantes. Ciertos ingresos están exentos de embargo, incluyendo los beneficios del Seguro Social, el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), los beneficios para veteranos y las ayudas federales para estudiantes. Si estos recursos están claramente identificados en la cuenta, los bancos deben proteger al menos dos meses de esos depósitos.
Frente a este tipo de situaciones, los expertos advierten que la inacción no suele ser la mejor estrategia. Programas de alivio de deuda, como la negociación directa con acreedores, pueden detener estos procesos si se alcanza un acuerdo de pago.
En escenarios más extremos, la declaración de bancarrota puede activar una suspensión automática que detiene de inmediato los embargos y cobros.
Actuar con rapidez es crucial para estabilizar las finanzas o evitar un colapso económico, ya que el paso del tiempo solo incrementa los intereses, cargos y las acciones legales en contra del deudor.
