Santo Domingo.- La República Dominicana ha registrado tres eventos de lluvias torrenciales en los últimos seis años que han provocado severas inundaciones urbanas, generando preocupación entre las autoridades y expertos sobre un posible patrón asociado al cambio climático. Estos fenómenos, ocurridos en noviembre de 2022, noviembre de 2023 y la madrugada del miércoles 8 de abril de este año, se han caracterizado por su alta intensidad y su impacto significativo, especialmente en el Gran Santo Domingo.
La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, explicó a un medio local que el evento más reciente fue de naturaleza «extrema». «Fueron lluvias de carácter torrencial, un evento hidrometeorológico extremo que se caracteriza por precipitaciones muy intensas en pocas horas, superiores a los 60 milímetros por hora«, detalló Ceballos.
Según la experta, estas condiciones fueron resultado de una combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y aire cálido, lo que originó precipitaciones intensas entre la 1:00 y las 6:00 de la madrugada sobre el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte.
Al comparar los eventos, Ceballos indicó que las lluvias de abril superaron en acumulados a episodios anteriores. Mientras que en noviembre de 2022 se registraron hasta 270 milímetros, los acumulados de abril de este año alcanzaron cerca de 400 milímetros, cifra similar a los 430 milímetros de noviembre de 2023. «La intensidad en poco tiempo es lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas, porque el drenaje urbano se satura rápidamente», subrayó la directora de Indomet.
La especialista enfatizó que estos fenómenos no son eventos aislados, sino que forman parte de una tendencia global. «Es un hecho que el cambio climático ha incrementado las lluvias torrenciales. Al aumentar la temperatura atmosférica, el aire retiene más humedad, aproximadamente un 7% más, lo que intensifica estos fenómenos», explicó.
Ceballos también resaltó la presencia de núcleos convectivos focalizados, que son sistemas capaces de descargar grandes volúmenes de lluvia en áreas específicas, dejando zonas cercanas con precipitaciones significativamente menores. Un ejemplo de ello fue que, mientras algunas áreas del Distrito Nacional registraron lluvias intensas, estaciones en el Malecón reportaron apenas 46 milímetros y en Santo Domingo Este, solo 20 milímetros.
La vulnerabilidad del país ante estos eventos se refleja en el Índice de Riesgo INFORM 2025, donde República Dominicana ocupa la posición 71 a nivel global y el lugar 11 entre los países más vulnerables de América Latina y el Caribe, según el Informe de Riesgos Fiscales de septiembre de 2025, elaborado por el Ministerio de Hacienda.
El impacto económico de estas inundaciones ha sido considerable. En noviembre de 2022, los daños en viviendas, agricultura e infraestructura se estimaron en un 1.6% del gasto público. Las pérdidas de noviembre de 2023 alcanzaron los 8,000 millones de pesos, incluyendo el colapso parcial de un puente, lo que representó entre el 0.69% y el 3.3% del PIB anual. Para ese mismo año, el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) destinó 894.77 millones de pesos para bonos de emergencia a los afectados. Además, las aseguradoras reportaron pagos cercanos a los 10,000 millones de pesos por daños climáticos en ambos años.
El informe del Ministerio de Hacienda subraya una clara tendencia al alza en la frecuencia de desastres en las últimas dos décadas. Entre 2018 y 2024, se han registrado más de 42,000 personas desplazadas, 31,802 viviendas afectadas y 41 puentes dañados, además de pérdidas humanas.
Para hacer frente a estas emergencias, el país dispone de mecanismos legales como la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06, que asigna un 1% de los ingresos corrientes del Estado para calamidades públicas, recursos que el Presidente de la República puede disponer conforme a la Ley 147-02. Asimismo, desde 2013, el Poder Ejecutivo puede solicitar al Congreso un aumento del gasto de hasta un 0.5% del PIB en situaciones de emergencia, herramienta utilizada en eventos como las lluvias de 2017, la pandemia del COVID-19, el huracán Fiona en 2022 y las inundaciones de noviembre de 2023. En este último año, la respuesta estatal devengó 9,434 millones de pesos, de un presupuesto de 16,619 millones.
Uno de los principales factores que agravan la situación es la capacidad limitada del drenaje urbano, que colapsa rápidamente ante lluvias intensas en cortos períodos, afectando viviendas, vías principales, comercios y servicios básicos, y generando riesgos para la vida humana.
Ante este escenario, Ceballos enfatizó la necesidad de que el país se adapte. «Las lluvias intensas están siendo cada vez más frecuentes y concentradas en puntos focalizados. Debemos prepararnos para convivir con esta nueva realidad, aumentando la resiliencia», advirtió.
Entre las medidas clave propuestas por la directora de Indomet se incluyen el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana con mensajes oportunos, la aplicación de la ley de ordenamiento territorial para evitar asentamientos en zonas vulnerables (ríos, arroyos, cañadas), la mejora del drenaje pluvial y la limpieza constante de imbornales, y el fomento de la educación ciudadana para prevenir el lanzamiento de basura a las calles.
La funcionaria concluyó resumiendo el enfoque institucional de Indomet: «observar hoy para proteger el mañana», como una de las principales lecciones aprendidas de estos eventos.
