Santo Domingo.-
La jueza administrativa de Bayamón, Puerto Rico, Carmen Otero, ha subrayado la trascendental importancia de los acuerdos judiciales en los procesos penales como una estrategia fundamental para prevenir el colapso de los tribunales y los centros de privación de libertad.
Durante su participación en la Conferencia del Poder Judicial 2026, la magistrada enfatizó la necesidad de educar a la ciudadanía sobre estos mecanismos, frecuentemente percibidos con recelo por la opinión pública. Otero afirmó que la negociación representa una vía legal eficiente que agiliza la consecución de justicia para todas las partes involucradas.
La aplicación de acuerdos judiciales en el ámbito penal, según explicó la jueza, no solo genera un ahorro significativo del gasto público invertido en cada caso, sino que también contribuye de manera decisiva a aliviar la carga de trabajo de los tribunales y a descongestionar el sistema penitenciario.
La transparencia y la eficiencia son pilares irrenunciables en la implementación de estos acuerdos, los cuales constituyen una herramienta esencial para la sostenibilidad del sistema judicial. Otero destacó que en «sistemas modernos», como el federal de Estados Unidos o el de Puerto Rico, «más del 90 % de los casos se resuelven a través de acuerdos».
La magistrada reiteró la urgencia de «educar y orientar a la población para que entienda que un acuerdo judicial no obedece a un manejo oculto, sino a una salida legal que procura justicia rápida y un beneficio económico para el país, fortaleciendo así la fe en las instituciones».
El impacto positivo de los acuerdos judiciales se extiende más allá de la reducción de la carga de expedientes. Permiten una optimización de recursos, liberando al Ministerio Público y a los tribunales para que dediquen mayor rigor y tiempo a la investigación y enjuiciamiento de casos de alto impacto que indefectiblemente requieren ir a juicio.
A pesar de que el Código Procesal Penal dominicano contempla estas figuras desde hace dos décadas, al igual que en Puerto Rico, la jueza Otero lamentó que en la República Dominicana persista una barrera cultural. «Eso también sucedió en Puerto Rico, pero para que la ciudadanía cambie, es necesario orientarla sobre los acuerdos», precisó.
En la cultura judicial de Puerto Rico, la negociación es intrínseca. Si bien las escuelas de derecho priorizan la enseñanza del litigio, la práctica forense demuestra que un jurista competente debe dominar también las habilidades de negociación.
La percepción de los acuerdos como algo «turbio» es común, pero la jueza aclaró que son un mecanismo técnico diseñado para la eficiencia del proceso judicial. La clave para su normalización radica en la transparencia, dado que estos procesos se llevan a cabo en audiencias públicas con la participación del Ministerio Público, la defensa y el tribunal.
«El conocimiento nos hace libres y fortalece el sistema. Cuando la población entiende que un acuerdo no es un manejo oculto, sino una salida legal para obtener justicia pronta y ahorro económico, la confianza en las instituciones crece», concluyó Otero.
Un punto recurrente de debate es si los reincidentes deben tener derecho a negociar. En Puerto Rico, la experiencia muestra que el reincidente suele optar por negociar con mayor celeridad. Consciente del riesgo inminente de prisión al no calificar para penas suspendidas, prefiere asegurar una sentencia mediante acuerdo en lugar de exponerse a una condena máxima en un juicio.
Las declaraciones de la jueza Carmen Otero fueron ofrecidas en el marco de una entrevista realizada tras su participación en la Conferencia del Poder Judicial 2026, inaugurada este jueves en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este. El evento, que congrega a expositores nacionales e internacionales para trazar el Plan Justicia del Futuro 2034, continuará este viernes y concluirá el sábado. La jueza administrativa de Bayamón será una de las ponentes principales este viernes.
La Conferencia del Poder Judicial 2026 es una iniciativa estratégica para consolidar consensos, evaluar avances, identificar desafíos y construir propuestas que fortalezcan el sistema judicial dominicano, proyectando la justicia hacia el futuro.
