Santo Domingo.-
El Ministerio Público ha solicitado formalmente la imposición de siete años de prisión contra Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el ámbito de la salud, específicamente como neurocientífica y psicóloga, a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).
El órgano acusador también requirió una multa equivalente a 50 salarios mínimos, el decomiso de las pruebas ocupadas y la variación de la medida de coerción actual. Argumenta que la imputada ya fue condenada en un juicio anterior y enfrenta la probabilidad de una nueva sentencia, lo que incrementa el peligro de fuga, sumado a la gravedad del daño causado a diversas familias y a la sociedad en general.
Durante la presentación de sus conclusiones ante la jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, las procuradoras Magalys Sánchez y Laura Vargas sostuvieron que Silverio ideó un esquema de estafa en perjuicio de padres de niños con trastorno del espectro autista (TEA). Se presentaba como doctora en neurociencia y psicóloga sin contar con la formación académica ni las acreditaciones legales requeridas para el ejercicio de dichas profesiones.
El Ministerio Público detalló que, tras iniciar una investigación objetiva, se verificó que la imputada no posee registro académico válido ni habilitación legal para ejercer profesiones de la salud. Esta conclusión se sustenta en certificaciones emitidas por universidades extranjeras, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos y el Poder Ejecutivo.
Se precisó que Silverio utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, para simular una preparación profesional que no poseía. Con ello, lograba generar confianza en las familias y captar pacientes, a quienes ofrecía servicios en su centro.
Las pruebas testimoniales presentadas, particularmente las de los padres de los menores afectados (constituidos en querellantes y actores civiles), evidenciaron que la encartada realizaba evaluaciones, emitía diagnósticos y aplicaba terapias sin el aval profesional correspondiente. Incluso, llegó a diagnosticar condiciones clínicas inexistentes, lo que provocó afectaciones en la salud de los niños y retrasos en la aplicación de terapias profesionales adecuadas.
Asimismo, el órgano persecutor señaló que el centro operado por la acusada funcionaba sin las habilitaciones requeridas por las autoridades competentes, siendo posteriormente clausurado por el Ministerio de Salud Pública tras comprobarse las irregularidades en su operación.
Informes financieros incorporados al proceso confirmaron que la actividad desarrollada por Silverio Silien tenía fines lucrativos, permitiéndole percibir ingresos significativos por los servicios ofrecidos. Esto reafirma que el engaño fue un mecanismo para obtener beneficios económicos.
El Ministerio Público enfatizó la gravedad de estas maniobras, al tratarse de víctimas en condición de vulnerabilidad, niños que requieren cuidados especializados, cuyas familias depositaron su confianza en Silverio Silien en busca de soluciones.
Tras la presentación de las conclusiones de todas las partes, la jueza Milagros Ramírez Cabrera cerró los debates y se retiró a deliberar. El fallo de la decisión ha sido fijado para el próximo martes, 14 de abril de 2026, a partir de las 2:00 de la tarde.
