Bogotá.- El Ministerio Público de Colombia ha iniciado una investigación administrativa para esclarecer la autorización de una polémica fiesta en la cárcel La Paz de Itagüí (Antioquia), que incluyó la presentación del cantante de música vallenata Nelson Velásquez. El evento, ocurrido el pasado 1 de abril y organizado por personas privadas de la libertad sin autorización oficial, ha desatado un escándalo a nivel nacional.
La Procuraduría busca identificar a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que pudieron estar involucrados en la celebración. Como parte de la pesquisa, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia realizará una inspección disciplinaria en el penal y en la Dirección Regional del Inpec.
Versiones preliminares sugieren que la fiesta no solo contó con la participación del artista, sino también con la presencia de bebidas alcohólicas y, según algunas denuncias públicas, prostitutas. Este suceso ha generado fuertes críticas, especialmente considerando que La Paz alberga a jefes de bandas criminales de Medellín, algunos de ellos vinculados a delitos como narcotráfico y extorsión, y que participan en el proceso de “paz urbana” impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, expresó su categórico rechazo a los hechos, asegurando a medios locales que la fiesta no contaba con autorización oficial. Cuervo aclaró que, si bien algunos reclusos involucrados en la “paz urbana” gozan de un régimen especial de visitas los miércoles, acordado en las mesas de diálogo del Ejecutivo como parte de su política de “paz total”, esto no avala ni incluye celebraciones de esta naturaleza.
Por su parte, el Inpec ya tomó medidas, anunciando el relevo del director encargado del establecimiento, el traslado del comandante de vigilancia y la apertura de una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que estaban de servicio al momento del ingreso del cantante.
Este lamentable episodio se suma a una serie de incidentes similares de corrupción y descontrol que han afectado el sistema carcelario colombiano a lo largo de las últimas décadas. Entre los más notorios se recuerda el caso de la cárcel La Catedral (Antioquia), donde el narcotraficante Pablo Escobar estuvo recluido a principios de la década de los 90 del siglo pasado, gozando de lujos y comodidades excepcionales que evidenciaron la debilidad estatal.
Otro caso emblemático fue el de la base militar de Tolemaida, en el departamento de Tolima (centro), conocida en 2013 como “Tolemaida Resort” debido a los indebidos beneficios y comodidades de los que disfrutaban militares condenados por violaciones a los derechos humanos, lo que reflejó los problemas estructurales de corrupción en el sistema penitenciario del país.
Estos episodios, separados por décadas, mantienen vigente el debate sobre los privilegios ilegales en centros de reclusión y la incapacidad del Estado colombiano para ejercer un control efectivo dentro de sus cárceles.
