PUERTO RICO.- La Oficina de la Contralora de Puerto Rico ha revelado que el Departamento de la Familia (DF), a través de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), efectuó pagos por un monto superior a los $150 millones en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a individuos fallecidos entre los años 2017 y 2024.
El informe de auditoría OC-26-12, divulgado esta semana por la Contralora de Puerto Rico, Carmen A. Vega Fournier, detalla que entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2024, la ADSEF realizó 988,617 pagos, ascendiendo a $150,663,786, a 38,618 participantes cuyos números de Seguro Social figuraban en el Registro de Defunciones como personas fallecidas.
La Contralora Vega Fournier resumió en un comunicado que el análisis reveló que se efectuaron pagos a beneficiarios fallecidos antes del cierre de sus casos, que algunos casos permanecieron activos aun después del fallecimiento de los participantes, y que se realizaron pagos a unidades familiares sin ajustar oportunamente la composición del núcleo tras la muerte de alguno de sus miembros.
Asimismo, la auditoría identificó fallas significativas en la supervisión de instituciones de residencia transitoria autorizadas a manejar beneficios del PAN. Se registraron transacciones para la adquisición de artículos no elegibles, tales como bebidas alcohólicas, ropa, artículos electrónicos y gasolina, entre otros gastos ajenos a la alimentación.
El informe también señaló que la ADSEF incumplió con la entrega de 36 informes trimestrales requeridos para evaluación, mantuvo la autorización de instituciones que no rindieron cuentas por períodos prolongados y no verificó adecuadamente el uso de los fondos.
Según la Contralora de Puerto Rico, estos pagos no autorizados se derivan de deficiencias en los procesos de validación de información y debilidades en los controles internos de la agencia.
Se destacó que, al tratarse de fondos federales, el Departamento de la Familia utiliza el sistema conocido como Intercambio Estatal y Territorial de Hechos Vitales (STEVE) para el intercambio electrónico de datos sobre nacimientos y defunciones, una herramienta diseñada para facilitar la comunicación entre oficinas estatales y territoriales, incluyendo Puerto Rico.
En respuesta a la “opinión adversa”, los encargados de la ADSEF mencionaron eventos extraordinarios como los huracanes Irma y María (2017), los sismos en el suroeste de Puerto Rico (2020) y la pandemia del COVID-19, los cuales afectaron significativamente la capacidad operacional de la agencia y la continuidad de los procesos administrativos. También asociaron el incumplimiento con restricciones presupuestarias y la reducción de personal.
La Contralora ha instruido a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, para que la División de Integridad investigue los casos de pagos a participantes fallecidos y a las instituciones que utilizaron los fondos del PAN para realizar compras no relacionadas con alimentos, además de buscar asesoramiento legal para cualquier gestión de recobro.
En declaraciones citadas por El Nuevo Día, la Secretaria Roig Fuertes informó haber recuperado más de $90.3 millones de los pagos indebidos, con $38 millones adicionales en proceso de recuperación mediante planes de pago. Los restantes $22 millones, que representan el 14%, están bajo investigación para determinar posibles fraudes o identificar a los responsables.
Roig Fuertes añadió que el Plan de Acciones Correctivas está en marcha desde principios de 2025 y que, de los 38,618 casos examinados, 16,970 participantes no utilizaron los beneficios y 5,330 presentan discrepancias que no permiten confirmar el fallecimiento. Destacó que los $150,663,786 detectados representan menos del 0.8% de los más de $19,500 millones que la ADSEF desembolsó bajo el PAN en el período auditado.
La secretaria del Departamento de la Familia afirmó: “Recibimos con la mayor seriedad los señalamientos contenidos en el informe de la Oficina de la Contralora. La prioridad inmediata sigue siendo asegurar que se tomen todas las acciones correctivas necesarias con agilidad y responsabilidad”.
El PAN es una subvención en bloque financiada por el gobierno de Estados Unidos que opera en Puerto Rico desde la década de los 80, con el objetivo de reducir los altos niveles de inseguridad alimentaria y pobreza en la isla.
Para ser elegible, los solicitantes deben residir en el territorio, ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros calificados residentes y cumplir con estrictos límites de ingresos y activos. Aproximadamente 1.2 millones de residentes de Puerto Rico, cerca del 40% de su población, se benefician del programa, consolidándolo como una salvaguarda nutricional y económica crucial.
Un análisis de 2020 del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) reveló que más del 90% de los participantes del PAN en 2018 tenían ingresos mensuales por debajo del umbral de pobreza federal o ingresos de menos de $20,780 anuales para una familia de tres. La entidad ha señalado que, debido a que Puerto Rico debe mantener el costo del programa dentro de límites fijos de financiamiento federal, no le es posible considerar las necesidades alimentarias de la población al establecer los niveles de elegibilidad y beneficios.
Las autoridades en Puerto Rico tampoco pueden aumentar las partidas en casos de desastres naturales sin la aprobación del Congreso. Por esta razón, diversas organizaciones y funcionarios dentro y fuera de la isla han abogado por años por la transición del PAN a SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) para la isla, un proceso que también requiere la aprobación congresional.
