Washington D.C., EE. UU.- Un
tribunal federal de apelaciones ha ordenado este sábado la reevaluación de los posibles riesgos para la seguridad nacional vinculados a la paralización del proyecto de construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Este proyecto, impulsado durante la administración del entonces presidente Donald Trump y valorado en 400 millones de dólares, ha generado una disputa legal significativa, según reportó AP.
La resolución fue emitida por un panel de tres jueces del Circuito del Distrito de Columbia. El tribunal determinó que carece de información suficiente para discernir qué componentes de la obra pueden ser suspendidos sin poner en riesgo la seguridad del presidente, su familia y el personal que reside y trabaja en la residencia oficial, según detalló AP.
El caso ha sido remitido nuevamente al juez de primera instancia, Richard Leon. A finales de marzo, el juez Leon había bloqueado temporalmente el progreso del proyecto, argumentando que el mandatario carecía de la autoridad para ejecutar una construcción de esta magnitud sin la aprobación explícita del Congreso.
No obstante, el propio juez había suspendido su orden inicial por un plazo de 14 días. El tribunal de apelaciones ha extendido este período hasta el 17 de abril, con el fin de permitir que la administración concernida pueda solicitar una revisión ante la Corte Suprema.
Los jueces de apelaciones han solicitado al juez Leon que aclare si su decisión afecta los planes de seguridad asociados al proyecto y, de ser así, que precise el alcance de dicha afectación.
La administración Trump ha sostenido que la obra en cuestión incorpora elementos cruciales para la protección de la Casa Blanca frente a amenazas como drones, misiles o ataques biológicos. Alertan que cualquier retraso en su ejecución podría comprometer la seguridad de las personas que habitan y trabajan en el complejo presidencial.
Entre las medidas de seguridad señaladas por el gobierno se incluyen instalaciones subterráneas fortificadas, tales como refugios antibombas, áreas de uso militar específico y un centro médico de emergencia.
Inicialmente, la Casa Blanca había argumentado que estas mejoras de seguridad podían desarrollarse de manera independiente al salón de baile. Sin embargo, en un momento posterior, indicó que formaban parte integral del proyecto, generando así dudas en el tribunal acerca de la viabilidad de separar ambas fases de la construcción.
Por su parte, el juez Leon había indicado previamente que revisó información clasificada antes de concluir que una suspensión de las obras no comprometería la seguridad nacional. No obstante, dejó abierta la posibilidad de autorizar trabajos que fueran estrictamente necesarios para propósitos de protección.
La demanda original fue interpuesta por el National Trust for Historic Preservation, una organización que ha cuestionado tanto la legalidad del proyecto como su potencial impacto en el valor histórico de la Casa Blanca. Su presidenta, Carol Quillen, ha expresado la expectativa de una mayor claridad por parte del tribunal y ha reiterado la importancia de preservar el carácter patrimonial del edificio.
El proyecto contempla la construcción de un salón de baile de aproximadamente 8,400 metros cuadrados, diseñado para albergar a cerca de 1,000 personas. Para su ejecución, la administración ordenó la demolición del Ala Este, lo que constituiría el cambio estructural más significativo en la Casa Blanca en más de siete décadas.
El expresidente Trump había asegurado que el salón de baile sería financiado mediante donaciones privadas, mientras que las obras de seguridad asociadas al proyecto se sufragarían con fondos públicos.
