Santo Domingo.- A casi una década de su promulgación, la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, no ha logrado su objetivo principal de reducir el número de generales activos a la cuota máxima de 20 establecida en la normativa. Actualmente, la institución cuenta con aproximadamente 42 oficiales generales en servicio, lo que representa más del doble del límite legal.
La legislación, promulgada el 15 de julio de 2016, otorgaba al Poder Ejecutivo un plazo de 24 meses para retirar gradualmente a los oficiales generales excedentes. Para cumplir con este mandato, la ley preveía una asignación de RD$420 millones, destinados a pensionar a 31 generales, incluyendo tres mayores generales, de los 51 que conformaban la plantilla de la Policía Nacional en ese momento.
La Ley 590-16 es clara al establecer que el ascenso al rango de oficial general debe efectuarse en función de la necesidad institucional y la disponibilidad de plazas, sin que el número total supere los 20. Sin embargo, la situación actual evidencia un incumplimiento de este precepto.
Del total de 42 generales activos, solo 27 desempeñan funciones dentro del organigrama estructural de la institución. De estos, 16 dirigen distintas direcciones regionales, mientras que el resto ocupa posiciones en organismos internos de la Policía Nacional.
En febrero de este año, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 133-26, mediante el cual colocó en honrosa condición de retiro a cinco generales de la Policía Nacional, basándose en antigüedad en el servicio o cumplimiento del tiempo máximo en el rango. Concomitantemente, ascendió a seis coroneles al rango de general.
El artículo 6 del mencionado decreto establece que los oficiales retirados recibirán una pensión del Estado dominicano, conforme a las disposiciones legales vigentes.
Los generales puestos en retiro fueron Julio C. Betances Hernández, Rufino Ant. Contreras Ruiz, Pedro E. Cordero Ubri, Latif M. Mahfoud Rodríguez y Francisco J. Torres Dotel. Por su parte, los coroneles ascendidos incluyen a Jorge Miguel Perdomo Sena, Antonio del Carmen de los Santos, César G. Ares Montás, Ángel M. García Jaime, Gabriel Antonio de los Santos García y Edgar Ramón Arnoud Vólquez.
Recientemente, fue depositado ante el Senado de la República el Proyecto de Ley de Modernización y Transformación de la Policía Nacional. Esta iniciativa busca modificar la Ley 590-16 como parte integral del proceso de reforma policial en el país.
La propuesta legislativa establece que el ascenso al rango de general será decidido por el presidente de la República, previa opinión favorable del Consejo Superior Policial. Los candidatos deberán cumplir con requisitos estrictos, incluyendo un mínimo de 30 años de servicio policial, el cumplimiento de todas las condiciones legales y la certificación en los programas formativos del Instituto Policial de Educación Superior (IPES).
Asimismo, el proyecto de ley propone un proceso de selección en cuatro fases, diseñado para evaluar objetivamente la trayectoria profesional de los aspirantes.
La responsabilidad de este proceso recaerá en el Consejo Superior Policial, que realizará entrevistas a los coroneles y determinará los perfiles más idóneos para cursar la formación en Alta Dirección Policial, antes de remitir la propuesta final al Poder Ejecutivo. Los seleccionados deberán completar un programa de capacitación estructurado por el IPES, con una duración mínima de seis meses, previo a asumir el rango de general.
