Ejecutan desalojo en antiguo Teleofertas tras más de 20 años de litigio judicial

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Santo Domingo.- Autoridades ejecutaron el desalojo de los inmuebles ubicados en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, en el sector Miraflores del Distrito Nacional, conocidos anteriormente como Teleofertas. Esta acción responde a la ejecución de decisiones judiciales definitivas que, tras más de dos décadas, han confirmado el derecho de propiedad sobre dichos terrenos.

El prolongado proceso legal, que se extendió por más de 20 años, culminó con fallos firmes de todas las instancias judiciales del país. Esto incluye decisiones de tribunales de tierras, la jurisdicción administrativa y la Suprema Corte de Justicia, las cuales ratificaron de manera concluyente la titularidad del inmueble en cuestión.

Según los registros oficiales, la propiedad fue adquirida en 1982 por Rafael Eduardo Selman Hasbún mediante un contrato de compraventa, cuya legalidad fue validada por el Tribunal Superior de Tierras en 2006. Desde 2004, los terrenos habían sido ocupados por diversas personas y entidades sin título de propiedad registrado, lo que dio origen a múltiples litigios en distintas jurisdicciones.

Todos los recursos de apelación interpuestos por los ocupantes fueron rechazados por las instancias judiciales, consolidando la autoridad de la cosa juzgada y permitiendo la ejecución legal del desalojo. En este contexto, el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria autorizó el uso de la fuerza pública mediante la Resolución No. 596, con fecha del 25 de septiembre de 2025.

Previo a la ejecución, las autoridades notificaron a los ocupantes y otorgaron los plazos correspondientes, asegurando así el cumplimiento del debido proceso. El operativo se llevó a cabo con acompañamiento institucional y conforme a los protocolos establecidos, con el objetivo de garantizar el respeto a la dignidad de las personas involucradas.

El propietario del inmueble reiteró que la actuación se ha realizado en estricto apego a la ley y a las decisiones de los tribunales dominicanos, enfatizando que se trata de la ejecución de sentencias firmes que consolidan su derecho de propiedad.

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