REP. DOMINICANA.- Un nuevo análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela avances significativos en la transformación institucional y la eficacia de la justicia en la República Dominicana.
El informe, titulado “Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano”, destaca la alta capacidad resolutiva del sistema, aunque señala desafíos estructurales que aún limitan el acceso efectivo.
Basado en datos del Poder Judicial, el estudio resalta progresos en transformación digital y cumplimiento de plazos. Estos avances posicionan al país en el puesto 76 de 143 naciones en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, logrando una mejora del 2.1% en un entorno global de deterioro institucional.
Entre los hitos clave destacan la implementación de la Ley 339-22, que regula el uso de medios digitales, y la Firma Digital, con más de 3 millones de documentos procesados. La eficiencia del sistema se manifiesta en que el 66% de los trámites son electrónicos y el tiempo de solución de procesos se redujo en 21.6 días.
Desde 2020, el sistema mantiene una capacidad resolutiva promedio del 94.9%. Sin embargo, persisten disparidades significativas según el desarrollo humano de cada provincia. Mientras el Distrito Nacional reporta un 100.5% de resolución (provincias con desarrollo humano alto), Santo Domingo alcanza el 90.8% (desarrollo humano medio-bajo) y Monte Cristi el 87.9% (desarrollo humano bajo). El PNUD enfatiza que el acceso a la justicia es una experiencia vinculada directamente a la proximidad geográfica y la capacidad de respuesta local.
A pesar de la modernización, el informe alerta sobre una preocupante reducción de recursos críticos entre 2021 y 2025. La densidad de jueces cayó de 7.4 a 6.6 por cada 100,000 habitantes. En cuanto al presupuesto, el Poder Judicial pasó de recibir el 1.05% del presupuesto nacional en 2019 a solo un 0.87% en 2025. Esta situación contrasta con países como Costa Rica, que destinan cerca del 4% de su presupuesto público al sistema judicial.
“Robustecer el sistema judicial no es un gasto, sino una inversión pública estratégica para el desarrollo humano”, subraya el documento del PNUD.
Un sondeo complementario reveló que el 36.3% de los usuarios enfrentó obstáculos, principalmente demoras, costos legales y deficiencias en la atención. Además, existe una significativa brecha de información, ya que 7 de cada 10 personas desconocen los servicios digitales disponibles, lo que limita su autonomía en el acceso a la justicia.
Los hallazgos se presentaron en la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026, con la participación de magistrados y representantes del PNUD. El informe propone fortalecer la justicia de proximidad, mejorar la planificación basada en datos e involucrar a la comunidad en mecanismos alternativos de resolución de conflictos para cerrar las brechas actuales.
El informe fue presentado por Ana María Díaz, representante del PNUD, y el economista senior de la entidad, Sócrates Batinas, durante la Conferencia del Poder Judicial 2026 celebrada la semana pasada, una iniciativa que busca trazar el camino hacia la justicia del futuro, consolidar consensos y promover la transformación del sistema judicial dominicano.
