Muertes en prisiones de El Salvador bajo régimen de excepción superan las 500, según ONG

San Salvador, El Salvador.- <p>La cifra de reclusos fallecidos en las cárceles de <b>El Salvador</b> bajo el <b>régimen de excepción</b>, implementado desde <b>marzo de 2022</b> para combatir a las pandillas, ha ascendido a aproximadamente <b>517</b>, tras registrarse al menos <b>cinco muertes</b> adicionales. Esta actualización fue proporcionada este lunes por la organización no gubernamental <b>Socorro Jurídico Humanitario (SJH)</b>.</p><p>La <b>SJH</b>, que ha ofrecido asesoría legal gratuita a familiares de los detenidos desde el inicio de esta medida, denunció en la red social X que “al menos <b>517 salvadoreños</b> han muerto bajo custodia estatal en el <b>régimen de excepción</b>, sin haber sido vencidos en juicio”.</p><p>Las muertes se han concentrado principalmente en prisiones como <b>Izalco</b> y <b>La Esperanza</b>, que albergan a la mayoría de los más de <b>91.000</b> detenidos bajo el <b>régimen de excepción</b>, quienes en su gran mayoría aún no han recibido condena. Por el contrario, la organización señala que la información sobre fallecimientos en la cárcel de máxima seguridad <b>Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot)</b> es limitada.</p><p>La <b>ONG</b> también destacó que el <b>94%</b> de los reclusos fallecidos “no tenían perfil de pandilleros” y advirtió que la cifra total de decesos bajo custodia estatal “podría superar las <b>1.000</b>”.</p><p>Un informe previo del <b>SJH</b>, publicado a finales de <b>enero</b>, identificó la <b>violencia física</b> como la principal causa de muerte entre los reclusos, representando cerca del <b>32 %</b> de los casos reportados.</p><p>El documento, que compila “versiones de familiares” debido a la confidencialidad de la información oficial, detalló que el <b>31,8 %</b> de los casos corresponden a “muertes violentas”, y un <b>31,6 %</b> a “falta de atención médica por enfermedades”.</p><p>El <b>régimen de excepción</b> fue instaurado en <b>El Salvador</b> en <b>marzo de 2022</b>, como respuesta a una ola de violencia atribuida a pandillas que resultó en más de <b>80</b> fallecimientos en un solo fin de semana.</p><p>El presidente <b>Nayib Bukele</b> ha justificado la extensión de esta medida, contando con el respaldo de la <b>Asamblea Legislativa</b>, controlada por su partido, <b>Nuevas Ideas (NI)</b>.</p><p>Hasta <b>marzo</b> del presente año, organizaciones humanitarias han registrado al menos <b>6.889</b> denuncias de violaciones a los <b>derechos humanos</b>, de las cuales el <b>98 %</b> corresponden a detenciones arbitrarias y el <b>75 %</b> implican la responsabilidad de agentes de la <b>Policía</b>.</p><p>Adicionalmente, un panel de <b>abogados internacionales</b> ha presentado un informe ante la <b>Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)</b> y la <b>ONU</b>, sugiriendo la posible comisión de <b>crímenes de lesa humanidad</b> en el país centroamericano.</p>