Caracas, Venezuela.- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, expresó este miércoles su agradecimiento por el llamado del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, para la liberación de los presos políticos en el país suramericano. Según la ONG Foro Penal, la cifra actual asciende a 454 detenidos.
Machado enfatizó la urgencia de la situación, declarando: «Los más de 500 presos políticos, civiles y militares que mantiene tras las rejas el régimen deben ser liberados, y debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas».
En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles una denuncia ante la OEA sobre la detención de personas por motivos políticos en Venezuela, exigiendo su liberación inmediata.
La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, expuso ante el Consejo Permanente de la OEA que «la democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de derecho en Venezuela».
Por su parte, Ramdin instó a las autoridades venezolanas a acelerar, de forma incondicional, la liberación de todas las personas privadas de libertad por razones políticas.
El secretario general de la OEA añadió que «toda persona detenida por sus posiciones y opiniones políticas representa un obstáculo para la misma estabilidad democrática y el progreso que la región necesita».
En cuanto a la ley de amnistía aprobada en febrero en Venezuela, Reneaum reconoció que excluye formalmente graves violaciones de derechos humanos. No obstante, advirtió sobre disposiciones que, a su juicio, «podrían aplicarse contra opositores y afectar futuros procesos de rendición de cuentas».
Aunque las autoridades venezolanas han reportado más de 8.000 beneficiarios de dicha norma, las organizaciones civiles solo registran a 186 personas con libertad plena, mientras que otras 554 permanecen bajo medidas cautelares, situación que la CIDH calificó como una «libertad vigilada».
El Gobierno de Venezuela sostiene que en el país existen «políticos presos» encarcelados por la comisión de delitos, una narrativa que es sistemáticamente rechazada por diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.
