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Por: Anulfo Vargas Vásquez
La experiencia reciente del gobierno del presidente Luis Abinader evidencia una preocupante recurrencia: iniciativas que se anuncian con firmeza, pero que luego son retiradas o modificadas tras el rechazo de distintos sectores.
Desde proyectos fiscales hasta propuestas legislativas sensibles, pasando por decisiones económicas y administrativas, el patrón se repite. Lo que en su momento se presenta como una política definida, termina desvaneciéndose bajo el peso de protestas, críticas y descontento social. Para algunos, esto se interpreta como un acto de sensatez, un “oído juicioso” que busca evitar conflictos mayores; sin embargo, para otros representa una señal clara de improvisación y debilidad institucional.
Este escenario plantea una reflexión urgente para el Estado en su conjunto, pero especialmente para el Poder Legislativo. No es sostenible gobernar a base de ensayo y error, ni someter a la sociedad a ciclos constantes de incertidumbre donde cada medida relevante queda expuesta a ser revertida. La institucionalidad democrática exige procesos más sólidos, previsibles y participativos.
Por ello, se hace imperativo que antes de la promulgación de leyes, la aprobación de proyectos o la firma de contratos de alto impacto, se adopte de manera sistemática el método de la consulta popular. Escuchar a los sectores involucrados —empresariales, sociales, comunitarios y técnicos— no debe ser un recurso de emergencia, sino una fase obligatoria del proceso de toma de decisiones.
La consulta previa no solo fortalece la legitimidad de las políticas públicas, sino que reduce el riesgo de retrocesos que afectan la credibilidad del gobierno y del propio sistema democrático. Evita que el Ejecutivo se vea forzado a “recular” frente a la presión social, y permite construir consensos duraderos en lugar de respuestas improvisadas.
Los múltiples episodios recientes en los que el presidente ha tenido que dar marcha atrás deberían servir como lección institucional. Más que celebrar la rectificación tardía, corresponde prevenir el error desde su origen. La verdadera gobernabilidad no se mide por la capacidad de corregir sobre la marcha, sino por la habilidad de anticipar, dialogar y construir decisiones que nazcan con el respaldo de la ciudadanía.
El llamado es claro: fortalecer los mecanismos de consulta, institucionalizar la participación y elevar la calidad del debate público antes de actuar. Solo así se podrá avanzar hacia una democracia más coherente, estable y respetuosa de la voluntad popular.
