San José.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, emitió este viernes un decreto que elimina los beneficios carcelarios que reducían el tiempo de prisión para los condenados, marcando uno de los primeros actos de su Gobierno alineados con su promesa de tener mano dura contra el crimen.
La mandataria afirmó que con este nuevo reglamento «los jueces no tendrán espacio para interpretar en menos días al año la condena para quienes nos quitan la paz y nos roban la seguridad». Enfatizó su advertencia al crimen organizado y al narcotráfico, declarando: «Por eso, a partir de este momento, el año carcelario será de 360 días naturales«. El texto del decreto, promulgado el mismo día en que Fernández asumió el cargo para el período 2026-2030, aún no ha sido hecho público.
Durante su discurso de investidura, la presidenta Fernández delineó una «reforma profunda» del Estado para forjar una «nueva Costa Rica«, destacando la «mano dura» contra el crimen organizado como un componente esencial. Entre sus anuncios, mencionó la próxima inauguración de una «mega cárcel» con capacidad para 5.000 presos, inspirada en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele, y la implementación de un Centro de Control y Comando (C5) de seguridad para combatir la delincuencia.
En el frente legislativo, Fernández ha remitido a la Asamblea Legislativa varios proyectos de ley, incluyendo la construcción de una Ciudad Gobierno para centralizar dependencias estatales, la edificación de una marina y terminal de cruceros en la provincia de Limón (Caribe), y una propuesta para la exploración y explotación de la minería a cielo abierto en Crucitas (zona norte).
La mandataria contará con una mayoría simple en el Congreso, sumando 31 diputados oficialistas de un total de 57, lo que supera los 29 votos requeridos para la aprobación de sus proyectos. Sin embargo, para impulsar reformas del Estado o constitucionales, necesitará el apoyo de dos terceras partes del Legislativo, es decir, 38 votos, lo que implicará negociaciones con la oposición.
En la ceremonia de investidura, Fernández también tomó juramento a su nuevo gabinete. El presidente saliente, Rodrigo Chaves, fue designado Ministro de la Presidencia y de Hacienda, dos carteras consideradas estratégicas por el Ejecutivo. Esta designación ha sido calificada por la oposición como un intento de concentrar el poder. El evento contó con la asistencia de representantes de 71 delegaciones internacionales, además de actos culturales y oraciones de líderes evangélicos y católicos del país.
