Santo Domingo.- Diputados de diferentes bancadas manifestaron este lunes su apoyo a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por ser «no conforme con la Constitución».
Ramón Raposo, diputado nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), manifestó que ese proyecto desde el principio parecía inconstitucional por atropellar derechos fundamentales de los dominicanos principalmente a los miembros de la prensa.
«El principal problema que tenia ese proyecto era que laceraba los derechos fundamentales de los ciudadanos, permitía que organismos del Estados se inmiscuyeran en la vida de cada uno de los ciudadanos sin necesidad de consultar y de tener una orden expresa de un juez, permitía que cada uno de los periodistas y comunicadores tuvieran que revelar sus fuentes so pena de ser penalizados», sostuvo Raposo.
De su lado, el legislador oficialista Ignacio Aracena dijo que la resolución del TC debe ser acogida y el Congreso con esto se ve obligado a replantear el procedimiento utilizado para la aprobación de esa ley.
«En ese sentido, nosotros tenemos que acoger esa resolución y valorar el trabajo que ha hecho el Tribunal Constitucional», agregó Aracena, al tiempo de explicar que esta acción del tribunal es parte del proceso que se agota en los sistemas democráticos.
Asimismo, el diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por la provincia de San Pedro de Macorís, Alcibíades Tavárez, exhortó a su colegas reflexionar y no volver a cometer ese tipo de errores, y «verificar con lupa» los proyectos porque cualquier ley que se ponga en vigor en la nación puede afectar los derechos de los ciudadanos.
La medida también fue saludada por el diputado Rafael Augusto Castillo, quien destacó que «para que la sociedad tuviera un mejor desenvolvimiento había que tener obligatoriamente una sentencia como esta».
Mediante la Sentencia TC/0767/24, el Tribunal Constitucional acogió la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). En ese sentido, el tribunal determinó que «se expulse» del ordenamiento jurídico dominicano.
