Miami.-
Dos residentes de Miami y varias organizaciones han interpuesto una demanda judicial con el objetivo de detener la cesión de un terreno estatal destinado al proyecto de la biblioteca presidencial de Donald Trump. Los demandantes argumentan que esta operación podría generar beneficios económicos para el expresidente y, consecuentemente, violar la Constitución de Estados Unidos.
La acción legal cuestiona la transferencia de una propiedad de 1,06 hectáreas, ubicada frente a la bahía de Miami, junto a la histórica Freedom Tower. Este terreno, que inicialmente pertenecía al Miami Dade College y luego pasó al Estado de Florida, fue finalmente cedido a la fundación encargada del futuro complejo presidencial del expresidente Trump.
Según la demanda, el expresidente Trump ha sugerido que el proyecto podría ir más allá de una biblioteca o museo, insinuando la posible inclusión de un hotel y otros componentes comerciales. Los demandantes sostienen que tal desarrollo convertiría una propiedad pública de alto valor en un emprendimiento con potencial de generar ingresos para Trump y su familia.
El litigio se fundamenta en la Cláusula de Emolumentos de la Constitución estadounidense, una disposición diseñada para prevenir que un presidente en funciones reciba beneficios financieros adicionales de gobiernos estatales o extranjeros.
La propiedad en disputa fue valorada oficialmente en aproximadamente 67 millones de dólares. Sin embargo, expertos inmobiliarios citados en la demanda afirman que su precio real en el mercado podría ser significativamente mayor debido a su privilegiada ubicación frente al mar en el centro de Miami.
La transferencia del terreno fue aprobada por el gobernador Ron DeSantis y el gabinete estatal, bajo la condición de que se desarrollaran componentes de una biblioteca presidencial en un plazo de cinco años.
Entre los demandantes se encuentran residentes que viven en las proximidades del futuro complejo, quienes aseguran que la construcción impactaría negativamente su calidad de vida y sus vistas al mar. También participa el Constitutional Accountability Center, que argumenta que la operación contraviene el principio constitucional de evitar conflictos de interés entre los estados y el presidente.
Asimismo, Dunn’s Overtown Farm, una organización sin fines de lucro, se ha sumado a la demanda. Esta entidad tenía planes de utilizar el terreno para establecer una granja urbana.
La demanda solicita a un tribunal federal del sur de Florida que declare inválida la transferencia de la propiedad, calificándola de “transacción inconstitucional”.
Con información de EFE.
