Santo Domingo, República Dominicana.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD) y el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD) han manifestado su firme rechazo al Decreto 309-26, emitido por el presidente Luis Abinader. Estas organizaciones consideran que la medida presidencial mantiene la intención del Gobierno de impulsar una transformación del sistema educativo dominicano sin una discusión científica, democrática y contextualizada a la realidad nacional, advirtiendo además sobre una posible privatización de la educación pública.
Durante la transmisión del programa La Voz del CEN, de La Voz Docente Media, representantes de FAPROUASD y del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD alertaron que el proceso promovido por el Gobierno carece de una planificación seria y busca imponerse de manera acelerada y excluyente.
El maestro Pastor de la Rosa, presidente de FAPROUASD, enfatizó que una verdadera reforma educativa no puede ser improvisada “en 45 días” ni desarrollarse sin estudios diagnósticos exhaustivos, sin una participación amplia de los actores relevantes y sin el debido respeto a las instituciones académicas del país. “Cuando se quiere dañar algo, primero se desacredita. Eso hicieron con otras instituciones públicas y ahora intentan hacerlo con la educación dominicana. No es verdad que el sistema educativo está tan mal que haya que improvisar una transformación a toda prisa”, declaró De la Rosa.
En la misma línea, el maestro Apolinar Méndez, secretario general de FAPROUASD, aclaró que el gremio universitario no se opone a los cambios, pero sí rechaza categóricamente la improvisación y la ausencia de participación democrática. “Nosotros creemos en la transformación educativa, pero respetando los procesos, las especialidades y garantizando una discusión verdaderamente inclusiva y participativa”, expresó Méndez.
Por su parte, el profesor Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, calificó el decreto como parte de una estrategia regional orientada a profundizar la privatización de la educación pública y a reducir la función del Estado en la garantía del derecho a la enseñanza. Peña consideró preocupante que el Gobierno impulse una reforma educativa sin haber realizado previamente una evaluación integral del Pacto Educativo ni de las políticas implementadas en los últimos años. “El problema de la educación dominicana no puede decidirse mediante decretos ni comisiones burocráticas. La educación es un derecho, no una mercancía”, afirmó.
Los educadores manifestaron su temor ante la posibilidad de que sectores empresariales y organismos internacionales intenten convertir el sistema educativo dominicano en un modelo subordinado a intereses privados y al mercado laboral, lo que, a su juicio, debilitaría la educación pública y afectaría particularmente a la UASD y al magisterio nacional.
Recientemente, el profesor Menegildo De La Rosa, secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la ADP, denunció que el nuevo decreto “demuestra la desesperación y el compromiso que tiene el presidente con la agenda internacional y con sectores empresariales interesados en entregarle el sistema educativo dominicano al capital privado”. “La educación dominicana no se resolverá importando modelos extranjeros ni programas enlatados. Lo que corresponde es producir, junto a los científicos de la educación dominicana, políticas y programas que respondan a las necesidades reales del desarrollo nacional y de nuestro pueblo”, concluyó De La Rosa.
