Madrid.- La imputación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha marcado un hito en la democracia española, convirtiéndose en el primer exmandatario en ser investigado formalmente. Este caso se suma a una serie de investigaciones por presunta corrupción que salpican al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a personas cercanas al actual Gobierno, incluyendo miembros de la familia del presidente Pedro Sánchez.
El 19 de mayo de 2026, la Audiencia Nacional imputó a Rodríguez Zapatero (quien presidió el Gobierno entre 2004 y 2011) por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La investigación se centra en supuestos cobros de comisiones ilegales vinculados al rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno en 2021 a la aerolínea Plus Ultra. Según el juez, existen indicios de que Zapatero sería el «líder» de una trama organizada para obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra. La instrucción también analiza un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con el destino de los fondos del rescate. El magistrado ha cifrado en 1,9 millones de euros los presuntos beneficios que habrían recibido Zapatero y su entorno, incluida la empresa de sus hijas, a través de distintas sociedades.
Otro caso relevante es el que afecta al exministro de Transportes (2020-2021) José Luis Ábalos, quien fuera mano derecha de Sánchez en el PSOE. Ábalos es investigado en el denominado caso Koldo por indicios de su presunto papel principal en una trama de adjudicación irregular de contratos públicos, especialmente de mascarillas durante la pandemia. El Tribunal Supremo aprecia indicios de delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Los autos judiciales sugieren que pudo aprovecharse de su condición de ministro para favorecer adjudicaciones a empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama a cambio de beneficios económicos, que incluirían el presunto pago del alquiler de una vivienda en Madrid para su expareja, el alquiler con opción a compra de un chalé y otras supuestas contraprestaciones económicas. También se indaga su posible intervención en otras actuaciones ligadas a la trama.
La esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está siendo investigada judicialmente desde abril de 2024 a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias, vinculado a la ultraderecha. La Fiscalía ha solicitado reiteradamente el archivo de este caso. El juez Juan Carlos Peinado investiga si Gómez utilizó su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, lo que podría constituir delitos de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La investigación se ha extendido a su actividad al frente de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, en particular por la creación y registro de un software desarrollado en ese marco, por posibles delitos de apropiación indebida e intrusismo. Asimismo, se analiza un presunto delito de malversación relacionado con el nombramiento y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, para determinar un posible uso indebido de recursos públicos en beneficio de actividades privadas.
El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, es objeto de una investigación por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz, al oeste de España. En este organismo, ocupó los puestos de coordinador de las Actividades de los Conservatorios y posteriormente cargos vinculados a Artes Escénicas. La investigación judicial, también iniciada por una denuncia de Manos Limpias, examina si en la creación y adjudicación de esa plaza pudieron cometerse delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, concretamente si el puesto pudo haberse creado específicamente para él. La Fiscalía ha solicitado el archivo de este caso.
A estos se suman otros casos, como la detención en diciembre de 2025 (y posterior libertad condicional) de la exmilitante del PSOE Leire Díez, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos vinculados a empresas públicas. Además, el PSOE ha enfrentado diversas denuncias de acoso sexual y comportamientos machistas entre sus filas, destacando el caso del exasesor de Presidencia Paco Salazar, denunciado por un ambiente laboral “irrespirable” con lenguaje hipersexualizado y comportamientos como simular felaciones o mostrarse con la bragueta bajada.
