LOS ÁNGELES.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves la juramentación de 77 nuevos jueces de inmigración, elevando el número total de magistrados a 700. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo del Gobierno del presidente Donald Trump para hacer frente a la considerable acumulación de casos en las cortes migratorias del país.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), una agencia adscrita al DOJ, destacó en un comunicado que esta es la mayor promoción de jueces en la historia de la nación. Durante el actual año fiscal, la EOIR ha contratado a un total de 153 jueces de inmigración permanentes, marcando la cifra más alta registrada en un solo año en los anales de la agencia. Adicionalmente, este mismo jueves, se juramentaron otros cinco jueces de inmigración en calidad de temporales.
El fiscal interino de EE. UU., Todd Blanche, afirmó en un comunicado que la promoción de estos nuevos magistrados ha sido posible “gracias al liderazgo decisivo” del presidente Trump y a su “firme compromiso con la seguridad de nuestras fronteras”.
Es relevante señalar que las cortes de inmigración en Estados Unidos dependen del Poder Ejecutivo y no operan bajo la jurisdicción del sistema judicial independiente. Esta estructura ha permitido a la Administración Trump la destitución de más de 100 jueces que fueron designados durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025).
La Casa Blanca ha ejercido presión constante para endurecer los criterios de revisión de las solicitudes de extranjeros por parte de los jueces de inmigración, con especial énfasis en los casos de asilo.
La EOIR informó que, desde la llegada del presidente Trump a la administración, las cortes de inmigración han logrado reducir su carga de casos pendientes en dichos tribunales en más de 447.000 expedientes, disminuyendo la carga pendiente de aproximadamente 4 millones a menos de 3,53 millones. No obstante, defensores de los derechos de los inmigrantes han manifestado que parte de esta reducción también se debe a que muchos detenidos se ven obligados a abandonar sus casos tras permanecer períodos prolongados en las cárceles migratorias.
