Baltimore, Estados Unidos.– La presencia de microplásticos, partículas minúsculas derivadas de la degradación de materiales plásticos, ha emergido como una creciente preocupación ambiental y de salud pública en Estados Unidos. Estos agentes contaminantes, detectados en niveles alarmantes en el suministro de agua potable, están ahora en el centro de una ofensiva legal que busca establecer responsabilidades y precedentes a nivel nacional.
En la ciudad de Baltimore, un equipo de abogadas especializadas en litigios ambientales de la firma Napoli Shkolnik, liderado por Coral Odiot Rivera y Verónica Vásquez, ha iniciado una serie de demandas que podrían replicar el impacto de batallas legales previas contra la espuma contra incendios AFFF. Estos litigios pretenden abordar la compleja cadena de contaminación por microplásticos con implicaciones para todo el país.
Este despacho de abogados ha liderado victorias significativas en el ámbito del derecho ambiental, incluyendo acuerdos multimillonarios contra fabricantes de la espuma AFFF, como 3M, DuPont, Tyco y BASF. Estos acuerdos, bajo el liderazgo de la abogada Coral Odiot, financiaron la remediación de sistemas de agua contaminados con compuestos asociados a graves efectos en la salud. El éxito en esos casos ha sentado las bases para la actual estrategia contra los microplásticos.
Una de las acciones legales en Baltimore se dirige contra fabricantes de cigarrillos como R.J. Reynolds, Philip Morris y Liggett. La demanda argumenta que los filtros de cigarrillos, compuestos de acetato de celulosa (un tipo de plástico), fueron promocionados falsamente como biodegradables durante décadas, a pesar de que investigaciones recientes han desmentido esta afirmación.
La querella judicial sostiene que estos filtros se acumulan masivamente en el entorno urbano, contribuyendo significativamente a la contaminación por microplásticos y generando elevados costos de limpieza para la municipalidad. Según la jurista Verónica Vásquez, las empresas comercializaron sus productos con afirmaciones engañosas sobre su degradación, llegando incluso a descartar alternativas más sostenibles.
La acumulación de estos filtros representa un problema de ‘littering’ que le cuesta a la municipalidad de Baltimore y a sus contribuyentes aproximadamente $32 millones anuales solo en labores de limpieza, explicó Vásquez.
En paralelo, la ciudad de Baltimore ha emprendido acciones legales contra gigantes de la industria alimentaria y de bebidas como Frito-Lay, PepsiCo y Coca-Cola. La acusación se centra en la producción masiva de envases plásticos de un solo uso.
Según la demanda, estos envases ‘terminan en ríos, lagos y otros cuerpos de agua’, donde no desaparecen, sino que se fragmentan en partículas microscópicas. Estas partículas logran atravesar los sistemas de filtración convencionales, contaminando el suministro de agua.
Los microplásticos, derivados de la fragmentación de productos cotidianos como botellas, bolsas y envases, se infiltran en prácticamente todos los ecosistemas, especialmente en fuentes de agua. La abogada Coral Odiot señaló que, si bien la ciencia aún está en una etapa temprana de investigación sobre los efectos precisos de la ingestión de estos tóxicos en la salud humana, estudios recientes ya han confirmado su presencia en órganos como el útero y el cerebro.
Las corporaciones demandadas han defendido consistentemente sus procedimientos, argumentando que no son directamente responsables de los daños ambientales con los que se les vincula.
El avance de estos litigios coincide con un cambio en la postura de las agencias federales. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha incluido recientemente los microplásticos en su lista de contaminantes emergentes (CCL-6), un paso crucial que podría llevar a su incorporación en programas obligatorios de monitoreo.
Si esta medida se concreta, miles de sistemas de agua en el país deberán analizar la presencia de microplásticos. Las estimaciones preliminares son alarmantes: entre el 80% y el 90% de los sistemas podrían arrojar resultados positivos. Para las expertas en derecho ambiental, esto anticipa una posible ola de litigios a gran escala, similar a la ocurrida con los AFFF.
Un objetivo central de estas acciones legales es asegurar que los costos de remediación no recaigan en los ciudadanos a través de impuestos o tarifas más altas. ‘Las ciudades no son responsables de la contaminación del agua; los responsables son quienes introducen estos productos en el ambiente sin advertir sus riesgos o tergiversando su impacto’, señalaron las abogadas, buscando trasladar la carga económica a los contaminadores.
Más allá de Baltimore, este caso podría sentar un precedente con implicaciones nacionales de gran alcance. Las expertas legales consideran que estas demandas son la ‘punta del iceberg’ de un problema mucho más amplio, dado que los microplásticos han sido documentados en cuerpos de agua en todo el país. Advierten que esto podría ‘abrir la caja de Pandora’, estableciendo responsabilidades directas por este tipo de contaminación.
Las abogadas enfatizan que el litigio es solo una parte de la solución. ‘El primer paso es saber que estos contaminantes existen y que los estamos consumiendo sin darnos cuenta’, explicó Odiot. Paralelamente, el creciente interés social, impulsado por documentales como ‘The Plastic Detox’ de Netflix y estudios científicos, está elevando el tema a la agenda pública.
El caso de Baltimore podría marcar el inicio de una nueva era en la regulación ambiental de Estados Unidos. La confluencia de evidencia científica, presión pública y litigio estratégico tiene el potencial de forzar cambios estructurales en las industrias dependientes del plástico. La pregunta urgente que persiste es quién asumirá la responsabilidad de limpiar estos contaminantes invisibles pero omnipresentes que todos consumen.
